martes, abril 28, 2009

La justicia y sus garantes

No debería haber necesidad de insistir en la importancia de las palabras, pero en el nivel de la discusión en Colombia resulta algo imprescindible porque cualquiera las usa con el sentido que quiere y así no se llega a ninguna claridad. Vale la pena detenerse un poco en la noción de justicia, porque pronto se verá que cuando no se sabe de qué se habla perfectamente puede llegar a significar “injusticia”.

"Eludir la acción de la justicia"
Por ejemplo, respecto al caso de Mario Uribe, dice el director de la revista Cambio, el ex ministro del gobierno de Samper Rodrigo Pardo: La fallida intención de Uribe Escobar era eludir la acción de la justicia. Ciertamente, la frase es usual y no faltará quien no le vea ningún problema; mejor dicho, depende de la disposición de cada cual, el que es hostil al gobierno, considerará que la frase es apropiada, el que no, verá cierta intención hostil. En este caso, siguiendo un uso normal de la palabra, “la justicia” significa “las autoridades judiciales”. Pero el lector que no evalúa las palabras con sentido crítico o no tiene un especial interés en la precisión podrá dar por sentado que las disposiciones de esas autoridades son justas. ¿Lo son? Habría que evaluar cada caso, el sentido de este artículo es explicar de qué modo en Colombia más bien tienden a no serlo.

La justicia es la injusticia
Más resuelto, como corresponde a la Academia en un mundo al revés, el columnista y profesor Álvaro Camacho Guizado proclama:

Claro que un régimen estable es preferible a uno inestable que tenga que recurrir a la violencia para sostenerse, pero ineludiblemente para que sea estable debe ser justo, y por tanto debe respetar a los aparatos judiciales, subordinarse a ellos y no pedirles que actúen de una manera u otra: la aceptación de su autonomía es un principio democrático que no se puede violar, aunque se cuente con un volumen importante de opinión pública favorable.

No faltará quien recuerde que el volumen de opinión pública siempre es importante, tanto si es grande como si es pequeño, pero ¿qué tiene que ver ser justo con subordinarse a los aparatos judiciales? Personalmente pienso que Mario Uribe buscaba el asilo político porque es víctima de una persecución política, con lo que no “eludía la acción de la justicia” sino que se libraba de una injusticia, pero Camacho Guizado va un poco más allá: ser justo es someterse a los jueces. ¿Son justos éstos? Claro, ¿cómo no van a ser justos los profesionales de la justicia? Es la pura lógica del gato de Cheshire y un síntoma extremo de la indigencia moral e intelectual de las clases poderosas del país. ¡A que alguien se acuerda de que la rebelión política es defendida por los jueces como un derecho! De modo que es legal matar gente para destruir el orden legal pero discrepar de los jueces es ser injusto.

¿En qué momento se jodió Colombia?
Durante el gobierno de Pastrana cundió la desesperación a causa del imperio del terrorismo y el secuestro, era muy frecuente lamentar la situación del país y añorar épocas más agradables. Ese sentido nostálgico es uno de los mayores problemas de las mayorías uribistas: son mayorías conservadoras que sienten que el país torció su rumbo por el tráfico de drogas y la infección marxista y echan de menos el país católico tranquilo que a lo mejor sólo existe en la imaginación. ¿Habrá quien recuerde que hace cien años todavía se viajaba “a lomo de indio” y hace doscientos años buena parte de la población era esclava? Cada vez que uno se encuentra con esas descaradas prerrogativas de los jueces y de los miembros de las castas ligadas al poder, lo que percibe es el viejo país. Las mismas guerrillas son parte de eso, estrategias de minorías selectas para asegurarse el dominio sin necesidad de convencer a los demás.

Delito político
Para entender la conducta de la Corte Suprema de Justicia en los últimos meses sólo hay que prestar atención al sentido de todo lo que hace, que no es otro que deslegitimar al gobierno. ¿Por qué no se procesó a Andrés Pastrana por reunirse con Tirofijo? Siempre se vuelve a la cuestión que todos los columnistas rehúyen, que es lo que dice la CSJ sobre el delito político. Esa autoridad busca respaldo a sus ideas en la Constitución y a ésta nadie la cuestiona, de modo que hay un amplio consenso entre los creadores de opinión en que cuestionar la consideración “altruista” de la rebelión armada es ser injusto. Camacho Guizado sólo expresa más abiertamente esa opinión generalizada. Los que creemos que las ideas de la CSJ sobre el delito político son claramente criminales somos una minoría. No hay un país sano que experimenta una infección foránea, sino un país bárbaro que tiene la oportunidad de integrarse a la civilización, aunque poca decisión para hacerlo.

La Corte y el Secretariado
Recientemente señalaba Fernando Londoño el absurdo conceptual en que cae la Corte al perseguir políticamente a unos políticos por actividades ligadas a su actividad al tiempo que les niega toda consideración política:
Para empezar, la Corte se ha permitido una audacia intelectual que pocos hemos denunciado. Y es que hay todo un aparato de aplicación judicial en torno a un ejercicio político cuyos autores son unos sujetos que no hacen política, no son políticos y nunca obraron con propósitos políticos. Al negar el carácter de políticos a los delitos de los llamados paramilitares, la Corte cayó en esta trampa dialéctica insoluble. El Congreso está en la cárcel porque los aspirantes a integrarlo se asociaron políticamente, para alcanzar dominio político en contubernio con quienes se adueñaron de la política, sin que tuvieran sus actos intención ni contenido político. A partir de tal absurdo, todo lo que sigue trae ese vicio esencial.
Pero al respecto es mejor prestar atención a lo que dice la misma corte:
La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia.
Es importante señalar la clara asociación entre esas ideas y las aspiraciones de las organizaciones comunistas: ¿qué pasaría si alguien se levanta en armas para reimplantar la esclavitud o para exterminar a determinado grupo racial? Tendría que destruir el Estado como tal y el sistema político vigente, por tanto perseguiría finalidades altruistas. ¿O no? Pero, ¿cuál es el sistema político vigente contra el que se levantan los rebeldes políticos? Es la democracia representativa basada en el sufragio universal. La rebelión política sólo tiene por objeto la imposición de una minoría sobre la mayoría, para lo cual, obviamente, se debe reemplazar el sistema político vigente. Todas las demás aspiraciones políticas se resolverían sin violencia, salvo el respeto a la voluntad de la mayoría.

El derecho al revés
No faltará quien piense que se trata de una elaboración doctrinaria de la Constitución que favorece las inclinaciones de los grupos comunistas, pero es mucho más interesante entender por qué esos grupos de universitarios adoptaron el marxismo. Es decir, el marxismo no es el contenido último de las aspiraciones de quienes quieren abolir el sufragio universal, sino un pretexto, un disfraz para una época. Las aspiraciones revolucionarias no son un avance, ni siquiera desviado, sino un puro atavismo. ¿Qué representan? Al Estado en su origen, cuando sólo representaba un poder ultramarino al que defendía una minoría de la población de los siglos coloniales. Esa minoría se formó como representante de ese poder extranjero y se puso a sí misma a salvo del trabajo, encargada sólo de la exacción; con la independencia sólo desapareció el usufructuario extranjero y esa casta quedó como dueña del país. La jurisprudencia fue la ocupación que escogió esa minoría, que siempre se opuso a la penetración de ideas foráneas que condujo a la creación de instituciones representativas. La revolución rusa y el desorden que siguió en Europa despertó toda clase de esperanzas de anular el sufragio. No es raro que la facultad de Derecho de la Universidad Nacional sea uno de los últimos refugios del comunismo en el mundo.

Poder absoluto
Eso explica la defensa cerrada por parte de la CSJ de ideas perversas y criminales como la del delito político. Pero el arraigo de ese orden que los magistrados defienden es muy profundo y por eso casi se puede decir que los tirapiedra y guerrilleros no hacen más que defender ese viejo orden. La misma Constitución política vigente confirma esa noción. Por otra parte, al ser un poder no elegido ni dependiente de los otros, las autoridades judiciales están en una situación especial. Según la Constitución los magistrados pueden ser juzgados por el Congreso, pero ¿qué delitos tendrían que cometer? Cuando el gobierno denunció el caso Tasmania la reacción de los magistrados fue la de ponerse por encima de la ley, a salvo de cualquier cuestionamiento. Pero el problema es que no es posible juzgarlos por sus actuaciones porque son ellos quienes definen los límites de la ley.

Obrar con justicia
En resumen, nada de lo que ocurre deja de tener su origen en la configuración ideológica, social y aun jurídica del país. Lo que limita la acción de los jueces en los demás países es precisamente la justicia de sus acciones, y al respecto existe el delito de prevaricación o prevaricato. Según el diccionario, prevaricación es: Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario. El Código Penal Español señala respecto a la prevaricación:
Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Eso quiere decir que quien juzgue a esos funcionarios tendrá que considerar si lo que hicieron era justo, cosa que EN ESPAÑA no consiste en que provenga de una autoridad de justicia.

Prevaricar en Colombia
A los magistrados colombianos nadie los podrá juzgar por emitir a sabiendas resoluciones injustas, pues el Código Penal colombiano no contempla esa posibilidad. Es importante prestar atención a los artículos correspondientes:
ARTÍCULO 413 - Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.
ARTÍCULO 414- Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.
Es decir, que el prevaricato es una cuestión puramente de procedimiento porque la ley es autorreferencial, el juez que no deje en libertad a Alfonso Cano puede estar prevaricando porque la ley dice que el rebelde político debe tener un tratamiento benigno y puede que no haya modo de comprobar que cometió delitos de lesa humanidad. Pero lo esencial es otra cosa: no es posible cuestionar la justicia de las actuaciones de los jueces, sólo su sujeción a la ley.

Garantes de la justicia
Nada puede llevar tanto a error como el acostumbramiento, la gente ve que algún fenómeno se repite y deja de pensar que puede ser perverso y más bien empieza a participar de él. Por ejemplo, el hecho cotidiano de que los argumentos se respalden con declaraciones tajantes de cualquiera ya no sorprende a ningún colombiano. Tratándose de cuestiones de política o derecho, eso es todavía más claro. De modo que la conducta de la Corte en el caso de la parapolítica y de la orden de captura contra Yidis Medina encuentra toda clase de contradictores y defensores, que están siempre a salvo de cualquier coherencia: la justicia se vuelve una cuestión de quién grite más alto. Eso ha conducido a un prodigio increíble: todas las personas que hace ocho años escribían en los foros burlándose de los secuestrados, los que alientan de diversos modos a las guerrillas, los que quieren destruir el orden legal, los que proclaman, como Alfredo Molano que las guerrillas defienden a los campesinos, etc., se convierten en garantes de la probidad de la CSJ.

Al fin juntos
La virtud justiciera de esos garantes debería bastar para evaluar la conducta de la CSJ, pero también puede ser útil para entender el país: vivirá engañado quien no vea una facción considerable de las clases altas dedicada a destruir el sistema democrático y a las altas autoridades judiciales complaciendo esas tendencias, que de algún modo son la tradición. Si en el resto de Sudamérica predominan los proyectos políticos que siguen esa orientación no es por ninguna otra causa, y eso debería alertar sobre el peligro que acecha a Colombia, que no se conjura simplemente con la derrota de las FARC sino con un prolongado esfuerzo político por poner al día las instituciones, para lo cual será inevitable una nueva Constitución y unos nuevos códigos legales.
(Publicado el el blog Atrabilioso el 30 de abril de 2008.)

viernes, abril 24, 2009

Sólo es el caso Tasmania

Entender lo que pasa en Colombia supone empezar por verlo sin pagar el precio del acostumbramiento, por ejemplo, nada de lo que ha ocurrido en los últimos meses es más grave que el caso Tasmania, pero quien lea la prensa se dará cuenta de que al parecer la sociedad colombiana ya lo digirió y lo olvidó. Y lo que no puede ser es que haya tantos que buscan la forma de desentenderse de lo que pasó o de exculpar a ambas partes: alguien cometió un delito gravísimo, o bien el magistrado Velásquez prometió un trato benévolo a ese paramilitar a cambio de que inculpara al presidente, o bien el gobierno inventó una complicada conjura para calumniar a ese magistrado y hundir el proceso de la parapolítica.

Por eso resultan cómicamente cínicos los escritos que aparecen en la prensa recomendando prudencia y sensatez y equilibrio y justicia y respeto por la institucionalidad a ambas partes. Ya la reacción inmediata de la CSJ en esa ocasión demostró la incapacidad que tiene esa corporación de aplicar las leyes y observar siquiera una apariencia tenue de justicia. Sencillamente declararon que el magistrado y ellos mismos están por encima de la ley y no pueden ser objeto de sospechas o investigaciones. Quien quiera entender qué ocurrió realmente se encontrará siempre con ese muro infranqueable: con la Corte no hay quien se meta. Punto.

Los demás procesos de la parapolítica o relacionados con la conducta de la CSJ confluyen en ese molde y de algún modo son pruebas que servirían para que cualquiera evalúe la verdad sobre el caso. Aparte de los característicos “lobbistas” del Secretariado de las FARC que, como no podía ser menos, publican varios artículos cada día en el único periódico de circulación nacional, todo el mundo reconoce que hay muchos casos de políticos procesados en los que la carga probatoria es forzada y mínima. Casi siempre un testimonio de un ex paramilitar que perfectamente puede estar recibiendo incentivos copiosos y ser aleccionado acerca de sus denuncias. Se abusa de la prisión preventiva contra reos a los que en otras situaciones se habría aplicado, en el peor de los casos, la prisión domiciliaria. Se llega a procesar a la presidenta del Senado después de que la denunciara una señora que antes recibió la visita de Piedad Córdoba, con quien la acusada había discutido en términos fuertes...

Hace falta en fin mucha mala fe para negar que la conducta de la CSJ está llena de animosidad contra el gobierno, pero como era previsible, abundan los exaltados que, a causa de su odio a Uribe y a todo lo que signifique la frustración de sus sueños revolucionarios, niegan ese sesgo... Y no vacilan en convertir su deseo en argumento: la corte es impoluta porque ellos lo dicen, precisamente los que pretenden destruir el derecho para imponer un régimen como el venezolano.

El episodio de la extradición de alias Macaco deja claro cuál es el sentido de toda la trama de la parapolítica: a los magistrados les da igual que los ex terroristas y traficantes de droga sigan haciendo de las suyas, más bien les conviene que eso ocurra, y prefieren impedir de cualquier manera la extradición porque al tener permanentemente esa espada de Damocles, los reos terminarán “resignándose” a delatar a su “jefe”: Álvaro Uribe. Es un guión evidente respecto del cual la conducta de los demás políticos y periodistas dice mucho sobre la clase de gente que domina el país. Bueno, dice mucho sobre la cultura del país.

Porque lo interesante no es siquiera que una trama tan repugnante como la del caso Tasmania resulte exculpada y olvidada, sino que el abierto atropello de los jueces, verdaderamente del estilo de una dictadura, encuentra enseguida un respaldo de muchos y el silencio resignado de la mayoría. Latinoamérica es así, todo el mundo odia a los políticos, a los que sistemáticamente acusa de ser culpables de todas las desgracias imaginables, pero extrañamente parece una tarea imposible para “todo el mundo” elegir a algún político decente. Bueeeeeeno, en realidad “decente” suele querer decir “castrista”. Y esto no es casual: es que en el odio a los políticos no sólo se manifiesta esa mezcla de resentimiento y frustración que la supuesta corrupción universal genera en todos los que no tienen otro sueño que un lucro fácil e impune, sino el rechazo a la democracia. No es casual que una encuesta reciente demostrara que la mayoría de los latinoamericanos se mostraran dispuestos a prescindir de la democracia si otro régimen les aseguraba que resolvería sus problemas económicos.

¿Cómo puede un régimen no democrático resolver los problemas de la gente? En apariencia es una especie de error de percepción o de falta de información, una respuesta supersticiosa a una serie de carencias, pero en realidad no hay nada de eso: el anhelo de un régimen no democrático es una forma correcta de resolver los problemas económicos de quienes pueden prosperar a su sombra. De ahí viene el éxito de Chávez, ciertamente ha influido mucho el alza de los precios del petróleo, pero la propuesta de tomar el poder y desagraviar a los “oprimidos” resultaba muy tentadora, pues de todos modos el botín petrolero estaba ahí y de él se lucraban los políticos ineptos y corruptos del régimen anterior. La disposición a prescindir de la democracia corresponde al sueño de un ascenso social rápido y duradero derivado de la acción política.

Ése es el trasfondo del odio a los políticos que tan hábilmente explotan los magistrados y sus aliados bolivarianos. No cabe duda de que las instituciones parlamentarias colombianas son “manifiestamente mejorables”, pero ¿están soñando en mejorarlas todos los que se alegran de que haya políticos encarcelados sin detenerse a evaluar cuál es su culpa real y cuáles son los motivos de quienes los encarcelan? Ya es deprimente tener que repetir que no, que no hay en Latinoamérica ideales de representación equilibrada sino de supresión de las voces hostiles, de lo cual es sintomático el sátrapa venezolano. No hay democracias sin instituciones representativas, pero es que esa clase de institucionalidad es la que odian los ciudadanos típicos, siempre indignados porque los demás existan y les impidan disponer de todo libremente.

Y la conducta de los jueces corresponde a esos valores: son los vengadores que castigan a los representantes de unos ciudadanos que no quieren ser representados. Esa venganza inicua es lo que se entiende por “justicia” en un contexto cultural como el nuestro. ¿Qué es la justicia que invocan los demagogos desde Gaitán y Perón hasta Chávez? El despojo de los demás a favor de sus seguidores. ¿Qué justicia puede haber en Colombia con una “institución” tan absurda como la “acción de tutela”, gracias a la cual se suprimen los contratos y aun las leyes en favor de la discreción de los que ocupan los cargos? Eso sí, la acción de tutela es popular entre la gente que opina, se trata de una forma de disponer de las cosas que le resulta bastante fácil gracias a su proximidad al poder.

Por uno u otro camino siempre se llega a las bases morales de la sociedad. Sin jueces justos no puede haber democracia, dicen, pero ¿puede haber jueces justos sin ciudadanos justos? ¿Puede haber derecho en una sociedad en la que la presunción de inocencia es algo inconcebible? ¿Pueden impartir justicia unos individuos sospechosos de cometer crímenes como los que se evidenciaron con el caso Tasmania? Pero ¿qué piensan los demás? ¿Cuántos siguen sin querer ver que la intención de la CSJ sólo corresponde al objetivo evidente en esa ocasión? ¿Cuántos se niegan a darse cuenta de que los garantes de la probidad de la CSJ son siempre los mismos que pretenden que los secuestros y masacres sean fuente de derecho?

El lío de la parapolítica sobre todo evidencia el predominio de costumbres atávicas en la cúpula de la rama judicial, pero la incapacidad de la gente de hacer frente al hecho terrible de que los jueces son subversivos y pretenden destruir la democracia (ya en una ocasión expliqué que en sus sentencias el intento de imponer una dictadura terrorista les parece altruista y merecedor de la máxima benevolencia), o siquiera de ver en eso la negación misma de toda noción de justicia y democracia es el verdadero problema (pero lo mismo ocurría con la Corte Constitucional cuando la dirigían personajes como Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes o Alfredo Beltrán).

Es evidente que el proyecto bolivariano se ve retroceder en su pretensión de destruir el aparato militar-policial del Estado y tiene que recurrir a la venalidad evidente de las autoridades de justicia, pero eso resultaría imposible si hubiera en la gente convicciones firmes acerca de la clase de sociedad en que le gustaría vivir. No la hay, la pasividad ante los desmanes de los desaprensivos que ocupan los cargos de la cúpula judicial lo demuestra. La incapacidad de informarse a fondo sobre el caso Tasmania y lo que significa también.
Publicado en el blog Atrabilioso el 23 de abril de 2008.

domingo, abril 19, 2009

No a la segunda reelección

El silencio del presidente sobre la propuesta de algunos de sus partidarios de lanzarlo como candidato en 2010 tras una nueva reforma legal es ominoso, aunque por los mismos motivos también se puede sentir alivio de que todavía no haya hecho pública esa aspiración. Pese a que todos los chavistas y afines dan por sentado que finalmente se promoverá la reforma y Uribe se presentará, algunos pensamos que eso sigue siendo bastante improbable.

Pero ésa es una discusión sin sentido que sólo se resolverá cuando haya pasado el tiempo, lo interesante es la actitud que asumamos respecto a esa posibilidad. Muchas personas que se oponen al socialismo del siglo XXI y a la negociación política con los terroristas se aferran a la fortaleza aparente del gobierno y al prestigio de Uribe para conjurar la amenaza, pero otros pensamos que un tercer periodo de Uribe en la presidencia más bien abriría el camino a un ascenso de esos políticos funestos.

Voy a enumerar los motivos que en mi opinión hacen desaconsejable la segunda reelección:

1. La maleabilidad de las normas a favor del poderoso es la negación de la democracia. No es verdad que al poder proponer candidatos para las altas cortes y para otros cargos de importancia se niegue la división de poderes, porque eso no depende de que el presidente sea Uribe sino de la orientación del gobierno, y no sería muy democrático que las opciones políticas mayoritarias quedaran fuera con el pretexto de salvaguardar la división de poderes. Se trata de una mentira burda que deja ver el bajo nivel de la discusión política en la prensa colombiana (como si alguien tuviera derecho a gobernar o a elegir altos funcionarios sin respaldo de las urnas). Pero lo cierto es que ninguna república presidencialista equilibrada tiene presidentes que permanecen en el cargo 12 años seguidos.

2. Las redes de corruptelas y presiones se incrustan en el aparato estatal. Es algo bien sabido que todos los gobiernos largos terminan manipulados por quienes van detrás de los grandes negocios. Es verdad que si se comparan los escándalos de este gobierno con los del de Pastrana, a pesar de llevar ya seis años, son menores, pero ya los del periodo de Pastrana eran mucho menores que los del gobierno de Samper. En todo caso conviene que los cargos públicos se renueven y haya contrapesos que impidan el dominio de esas redes.

3. El cambio político tras doce años de continuismo favorecería a los chavistas. Dando por sentado que el triunfo de Uribe, caso de presentarse, sea seguro, lo cual está por verse, ocurrirá que todo el descontento que se genere lo capitalizarán en 2014 los enemigos del sistema democrático. Sobre todo por la aparición de nuevos votantes que ya no recuerdan el Caguán y que sí sufren la presión de la propaganda y el adoctrinamiento (respecto del cual la actitud del gobierno es bastante complaciente), los cuales se ilusionarán con algún demagogo aliado de los herederos de la siniestra democrática de hoy en día. Es lo contrario de lo que ha hecho la derecha en El Salvador, donde los brillantes logros de Alfredo Cristiani no lo llevaron a hacerse presidente vitalicio pero sí han permitido que su partido siga gobernando al cabo de veinte años, con una notable mejoría en todos los indicadores económicos, de asimilación de la democracia y de desarrollo humano.

4. No hay hecatombe a la vista. Cuando se empezó a hablar de la segunda reelección Uribe señaló que él sólo se presentaría en caso de que hubiera peligro de hecatombe, es decir, de ascenso de un chavista en 2010, lo cual parece más bien improbable. ¿Qué necesidad hay de forzar la institucionalidad cuando la amenaza parece de momento conjurada? Sencillamente hay redes de intereses y políticos sin ideas que se aferran a las rentas que obtienen a la sombra del presidente. De ese modo la segunda reelección se vuelve un atentado contra la competencia entre los diversos aspirantes a cargos, los que tienen alguna relación con el gobierno ahora juegan con ventaja y para eso no vacilarán en ser complacientes con la corrupción que, como ya expliqué antes, siempre es mayor a medida que un gobierno se mantiene en el poder.

5. No conviene que el país se asome de nuevo al abismo. Cuando el Congreso y la Corte Constitucional tienen que reformar la Constitución para complacer determinada aspiración del mandatario, la legitimidad del sistema empieza a ponerse en duda, lo cual resultaría en extremo rentable para los chavistas, cuyas añagazas no podrían ser refutadas tan fácilmente. La situación de inseguridad jurídica no favorecería ni el crecimiento económico ni el desarrollo institucional.

6. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Sería un grave error desconocer los logros del gobierno de Uribe, pero el resultado de considerarlo insuperable sería aún peor. Lo mismo que con la presencia de adoctrinadores totalitarios en las escuelas públicas, son muchos los terrenos en que el gobierno de Uribe ha mostrado resultados muy discutibles. Por ejemplo en materia de creación de empleo, respecto de la cual ha continuado y aun agravado viejas prácticas funestas que sólo conducen a reforzar el poder estatal a costa de los productores (como la persistencia de la parafiscalidad o la incapacidad de imponer una tributación similar a la de los países desarrollados o en todo caso más equitativa, menos generosa con los burócratas ricos y más solidaria con los desempleados, o como la incapacidad de suprimir aranceles a las importaciones de alimentos o subsidios a bienes que consumen sobre todo los ricos, como la gasolina). Para muchas personas habría una situación insostenible ante el chantaje perpetuo de tener que apoyar políticas malas para impedir que asciendan quienes aplicarían otras peores.

7. El caudillismo destruye las posibilidades de desarrollo democrático. Cuando se piensa en la experiencia de las democracias del primer mundo resulta evidente que podrían haber prescindido de los partidos y reelegido hasta la muerte a los buenos gobernantes. La realidad hispanoamericana se podría resumir en esa imagen: regiones apartadas y de reciente poblamiento en las que las peores inclinaciones de los poderosos conducen a la creación de instituciones deformes, como si la peculiaridad del terreno recomendara usar ruedas triangulares. Si la democracia en todos los países avanzados es inseparable del sistema de partidos es porque las alternativas son peores. La persistencia de un caudillo en el gobierno hace por completo irrelevantes a los partidos. Y resulta patética una sociedad que sin su protector se siente huérfana y desvalida: la desesperación que expresan muchos ante el cese del gobierno de Uribe sólo hace pensar en lo débil que es la sociedad colombiana.

8. Se necesita una política que vaya más allá del forcejeo por los cargos públicos. Cuando se piensa en el innegable liderazgo de Álvaro Uribe para una mayoría considerable de ciudadanos se obvia la posibilidad de que ese liderazgo se mantenga aunque ya no sea el presidente. La formación de un partido con un ideario claro y una militancia depurada es una tarea tan importante como la misma presidencia, sólo que no hay ningún líder que la pueda llevar a cabo. Otro tanto se podría decir de una prensa nueva que excluya la diversa propagación de falacias justificadoras del terrorismo y de los sueños totalitarios. También de la labor de denuncia de los diversos enemigos de la democracia en Colombia, tarea que el presidente no puede hacer por sus responsabilidades institucionales.

9. Una presidencia vitalicia podría hacérselo más fácil a un émulo de Chávez que triunfara después. Una vez el país se ha acostumbrado a que un gobernante popular puede pasar por encima de las urnas, un demagogo que se gane el respaldo popular, como ha ocurrido con Chávez, podría presentarse indefinidamente a la reelección: a la tercera ya habría creado un sistema de terror que podría hacer innecesarias las urnas. (No ocurría lo mismo con la primera reelección, pues dos periodos es el límite normal para un presidente en las repúblicas democráticas presidencialistas que permiten la reelección.)

10. La hegemonía de la derecha correría peligro. El “unanimismo” que se produciría entre los enemigos del trust Münzenberg al persistir durante tanto tiempo el mismo liderazgo y el mismo estilo conduciría a un empobrecimiento de la discusión: sencillamente se estaría con el Gran Líder o se lo critica y se cae en el ostracismo. A medio plazo todas las discusiones aplazadas se volverían argumentos para los totalitarios, que sin duda sabrían explotar las censuras y renuncios del bando gubernamental para atraer votantes. La necesidad de escoger otros candidatos permitiría llevar a cabo los diversos ajustes necesarios y dejar aflorar las discusiones pendientes. Así, el papel del Estado y la actividad política como poderes sobrepuestos a la sociedad se reduciría, y las aspiraciones de la gente encontrarían mejores canales para hacerse escuchar.
Publicado en el blog Atrabilioso el 16 de abril de 2008.

martes, abril 14, 2009

Otro 9 de abril

Hoy se cumplen 60 años del “bogotazo” y la efeméride casi fuerza un comentario. Ojalá que la reflexión sirviera para ayudarnos a comprender el sentido de la tragedia que afronta Colombia más o menos desde esa época, y de la que las diversas aventuras terroristas y el ascenso de las organizaciones dedicadas a la producción y el comercio de drogas ilícitas son sólo un aspecto.

Los autores
Como con tantos magnicidios de la historia colombiana, finalmente no se sabe quiénes estaban detrás del asesinato de Gaitán, ni siquiera si fue el resultado de una conjura o la acción de un individuo aislado. En cualquier caso, esto último resulta muy dudoso porque la rapidez con que se dio de baja a Roa Sierra, como a Oswald unos años después, hace pensar en un primer intento de borrar el rastro de los que encargaron el crimen. Durante décadas la mayoría de los colombianos con acceso a la educación han aceptado la versión de que se trataba de “la oligarquía” contra la que se levantaba el tribuno. Esto es absurdo: ¿a quién se le ocurre que en las mismas fechas en que se celebra una conferencia internacional en que el régimen pretende legitimarse como democracia modélica los gobernantes mandan matar al líder de la oposición? La gente cree eso del mismo modo en que los hindúes y budistas asumen la creencia en la trasmigración de las almas, es lo que oyen siempre y averiguar la realidad de los hechos resulta laborioso e ingrato.

Sospechosos habituales
Si se piensa en quiénes podrían haber hecho eso por su particular disposición moral, en a quienes convenía un levantamiento en esas circunstancias, en la filiación política de los que atribuyen el crimen a “la oligarquía” o en los que a fin de cuentas heredaron la retórica de guerra civil de Gaitán, la responsabilidad de los comunistas es una tentación muy poderosa. Sobre todo si se tiene en cuenta que 1948 es el peor año de la Guerra Fría, el año de la fundación de la RDA y de la Corea comunista. La misma presencia de Fidel Castro, casi un adolescente, demuestra una intensa actividad de los agentes de Stalin en la región: estudiantes de todo el continente invitados a una asamblea que resultaría como la contestación de los “pueblos” al encuentro proyanqui de los gobiernos. ¿No les suena a algo conocido? Por lo demás, la pista comunista la han sustentado personas muy próximas a los hechos, como Carlos Lleras de la Fuente.

Tareas de encubrimiento
Pero la hegemonía de la justicia social en los medios de información y de las universidades hace que se exculpe sistemáticamente a los comunistas. Sin ir más lejos, un artículo publicado hace poco en El Tiempo y firmado por Carlos José Reyes declara: “Los primeros momentos fueron de zozobra y anarquía, lo que demuestra que no existía un plan preconcebido por fuerzas de oposición, en especial los comunistas, como se señaló por aquellos días”. ¿De qué manera lo demuestra? Alguien busca generar la anarquía, se produce la anarquía y eso demuestra que no había nadie detrás. En el mismo suplemento afirma Fidel Castro: “Apenas en cuestión de minutos comenzó a producirse de una manera espontánea, porque aquello no lo podía ni fraguar ni organizar nadie, una extraordinaria agitación. Se creó un estado de cólera indescriptible”. La conclusión del tirano cubano es igual de sesgada que la del teatrero: ¿cómo que aquello no lo podía organizar nadie? Los mismos que matan a Roa Sierra se dedican a recorrer la Séptima divulgando la noticia mientras que otros reclutan a media docena de delincuentes para comenzar un saqueo. ¿Cuál es el misterio? Con el descaro de quienes se sienten dueños de la verdad, los editorialistas de El Tiempo declaran: "El gobierno conservador propuso la absurda versión de que el asesinato era obra de un grupo de conspiradores comunistas". Eso, el epíteto resuelve todas las dudas. Se trata de un rasgo cultural: esa clase de personas creen que siempre hablan con sus criados y cualquier aserto lleva en sí la amenaza de despido, de modo que dan por sentado que todo el mundo asentirá. Por lo demás, basta con recordar las numerosísimas versiones de la prensa y los blogs que atribuían a agentes estatales el atentado de El Nogal o el de la Escuela Superior de Guerra para comprender que los comunistas están acostumbrados a cometer los crímenes y a señalar a otros inmediatamente, que matan para mentir.

Más allá de Gaitán
La mayoría de los errores de comprensión tienen que ver con aquello que se da por sobreentendido y en lo que no se piensa. El relato habitual sobre el asesinato excluye cualquier evaluación de Gaitán y su discurso y cualquier reproche a sus deudos dedicados a incendiar casas y a desocupar las joyerías y las tiendas de los judíos y libaneses. La misma idea de una insurrección popular que derribe al gobierno existente y redima a las mayorías excluidas, a la que no era ajeno en absoluto Gaitán, merece una mirada recelosa que por desgracia es en extremo minoritaria. Ningún magnicidio justifica miles de asesinatos cometidos en venganza, ni menos los saqueos y todas las demás muestras de barbarie que exhibió la población colombiana en esa ocasión. El llorado tribuno parece un precursor de Chávez, y de hecho sus recursos oratorios eran aprendidos de Perón y de Mussolini, al tiempo que sus seguidores fueron el sustento moral de la delincuencia de las décadas siguientes. Si, como algunos creemos, lo asesinaron los comunistas, sobre todo fue porque él como orador incendiario había contribuido a crear la atmósfera de revolución inminente que los hacía avizorar una victoria próxima.

Colombia hoy
La hegemonía “derechista” de esta primera década en Colombia, resultado de la larga orgía criminal de las guerrillas comunistas, puede hacer creer a muchos que la semilla de Gaitán está enterrada, pero eso sería un error. Como en los demás países de la región, los sueños de redención masiva por obra de algún gobierno que despoje a los ricos y aporte dignidad a la manera del coronel bolivariano tienen mucho arraigo y resurgirán cuando aparezca de nuevo la ocasión. Sería deseable que el relato de esa parte de la historia de Colombia incluyera una evaluación crítica de Gaitán y de sus propuestas, pues, más allá de los elementos conspirativos, ¿no estaba ya preconfigurado el bogotazo en esa retórica? ¿O es que sólo debemos condenar el crimen que lo provocó, precisamente lo que no sabemos a quién atribuir?
(Publicado en el blog Atrabilioso el 9 de abril de 2008.)

jueves, abril 09, 2009

La ética y el Trust Münzenberg

Cuando observamos una fotografía antigua en que aparezcan retratados numerosos personajes nos sorprendemos de muchas cosas que en el momento no habrían sorprendido a nadie, es lo que pasa cuando se observa algo con perspectiva y distancia. Estoy seguro de que los historiadores del futuro observarán lo que ocurre hoy en Colombia y en los países vecinos con especial fascinación por las opiniones que aparecen en la prensa, sobre todo de los autores más prestigiosos y leídos. ¿Quién será capaz de explicarles que para la mayoría de los colombianos no hay ninguna relación entre esos argumentos y la actividad de las bandas terroristas? Perdón, el detalle más asombroso de la fotografía de la Colombia actual es esa ceguera increíble, esa mezcla de servilismo y credulidad que hace que los promotores del crimen se sientan completamente impunes y hasta inocentes y muy poca gente se dé cuenta de su verdadera actividad.

El caso de la recompensa al asesino de alias Iván Ríos es característico: todos los amigos de las FARC han salido a protestar, indignados. En El Espectador del 23 de marzo los cinco primeros artículos de opinión, incluido el editorial, estaban dedicados a lo mismo, en Semana eran la mayoría, en Cambio, Cromos, El Tiempo, otro tanto. Los argumentos iban desde la indignación por el recurso a la corrupción de la población hasta la protesta porque al pagar por crímenes “empezamos” a “parecernos” a ellos. Pongo los verbos entre comillas porque si algo es fascinante es el descaro de todos esos canallas para hablar en nombre de las víctimas, de tantos miles de colombianos cuyo asesinato los ha enriquecido y “empoderado”.

Es difícil resistirse a citar algunas de esas perlas, como el escrito del ex guerrillero León Valencia, comedidamente titulado “El azaroso olvido de la condición humana”, y dedicado a la tradicional labor de equiparar la labor de secuestrar y masacrar gente con la de impedir que tales cosas sucedan, eso sí, desde la legitimidad que tiene para invocar la caridad un asesino pensionado. En Colombia el diablo hace hostias, nunca llega uno a sobreponerse al asombro que eso produce.

Otro maestro de moral es el archipremiado y archirreconocido Dandi Taurino, ¡para quien el gobierno ha llegado a corromper tanto a la gente que ya no se distingue el bien del mal, siendo el bien la lealtad a los amigos y el mal la traición! Y todavía hay quien se escandaliza porque yo digo que Colombia es un muladar: para este humanista la moral contenida en el apego filial es mucho más importante que la vida y la libertad de cientos o miles de colombianos y la terminación de la orgía sanguinaria de la tropa de niños que él contribuyó a formar desde su púlpito de Alternativa y que alienta y justifica cada semana desde Semana desde hace décadas.

Más grotesco es otro personaje del mismo estilo, Óscar Collazos, para el que ¡las recompensas echan a perder a los buenos ciudadanos! Pero si era el mismo que hace cinco años se alegraba de que los colombianos escogieran ser “bacanes” indiferentes al asesinato en masa de sus vecinos porque lo erróneo habría sido tomar partido por el gobierno o por la guerrilla.

Para todos esos personajes el recurso de protestar en nombre de la ética sólo es un intento de descalificar al gobierno con el último argumento que les queda: si no hubiera sido posible acabar con “Raúl Reyes” e “Iván Ríos” dirían que a fin de cuentas la seguridad democrática habría fracasado porque los miembros del secretariado seguían impunes y tranquilos. ¿Qué importa que la reducción de secuestros y asesinatos en menos de seis años de gobierno haya sido extraordinaria? Para esa pléyade de pensadores la buena noticia habría sido el proceso inverso, el que tiene lugar en Venezuela, a cuyo gobernante “respeta y admira” otro de “nuestros grandes intelectuales”. Para usar una expresión conocida: del ahogado el sombrero. No pueden presionar para que se premien copiosamente las masacres, o dejan ese trabajo a personajes más oscuros, pero no desaprovechan la ocasión para guiarnos por el camino del bien.

Bueno: el mismo esfuerzo de corrección pretenden llevarlo a cabo otros angelitos con su particular campaña contra el consejero José Obdulio Gaviria. ¿Su crimen?, señalar que la marcha del 6 de marzo estuvo convocada por las FARC y que el núcleo convocante es en últimas parte de un conglomerado más vasto, del que las FARC forman parte, algo como la sección colombiana del Foro de Sao Paulo, en cuya fundación estuvieron el Partido Comunista y el M-19, además de las dos grandes bandas terroristas.

Esa multiplicación de los frentes de actividad tiene una antigua tradición en el movimiento comunista, del que forma parte el indescriptible humanista Cepeda II por herencia familiar. El responsable de “Agitación y Propaganda” en la Internacional Comunista (Komintern) era el alemán Willi Münzenberg, el cual ideó esas innumerables combinaciones de medios, grupos, siglas, campañas, frentes, causas y demás máscaras que caracterizan a la llamada “izquierda democrática” en Colombia. Todo lo que uno oye de cientos de organizaciones no gubernamentales de paz, de derechos humanos, de defensa de las víctimas de crímenes de Estado, de apoyo a los desplazados, de los familiares de los secuestrados, de las mujeres, de las negritudes, de protección a los niños de la guerra, de apoyo a los presos políticos, sindicales, estudiantiles, profesorales, etcétera, etcétera, no son resultado de la malicia indígena, sino aplicación de una vieja técnica que dio muchos réditos al movimiento comunista durante décadas.

En Colombia sigue funcionando porque por una parte la perversidad de los empresarios del asesinato es mayor, un rasgo típico de barbarie, y el arraigo de la causa esclavista que defiende todo ese formidable conglomerado es muy profundo. Realmente a todas horas encuentra uno voces indignadas porque se hayan reducido los secuestros y masacres, gente frustrada porque ahora parece menos probable el hermoso camino que ya emprendieron nuestros hermanos venezolanos, bolivianos, nicaragüenses y ecuatorianos.

Pero a nadie debe caberle la menor duda: la campaña de calumnias e intimidación contra el “primo de Pablo Escobar” es la que emprenderían contra cualquier persona que denuncie la diversa trama de manipulaciones de los “revolucionarios”: hace una década era Plinio A. Mendoza, dentro de poco será Juan Manuel Santos, la formidable industria de la calumnia, con cientos de agentes viviendo rodeados de lujos en Europa y aun en Estados Unidos gracias a los negocios farianos y al apoyo generoso de la revolución bolivariana, no cesará y será cuestión de cada colombiano resolver si quiere enterarse de la relación histórica y en realidad evidente entre la tropa de niños y el resto del “Trust Münzenberg”.
Publicado en el blog Atrabilioso el 2 de abril de 2008

lunes, abril 06, 2009

Los totalitarios liberales y el dios Estado

Entre las innumerables mentiras que se leen día tras día en los medios y blogs colombianos, la que atribuye al líder del Polo Democrático Carlos Gaviria rasgos de “liberal” es una de las más socorridas. ¿Por qué es liberal? Según Antonio Caballero porque defiende el delito político, es decir, el derecho a destruir por la fuerza la institucionalidad democrática. Es sólo un ejemplo de la cultura nacional. Lo corriente es que se considere liberal a Gaviria porque como magistrado sustanció un texto en el que se defiende el derecho a disponer de una dosis personal de drogas.

Esas libertades son uno de los puntos de fricción de las diversas facciones políticas en muchos sitios, y al menos en Europa esa defensa no se considera propiamente liberal sino que se atribuye a la izquierda. Los totalitarios colombianos sólo aplican una fórmula gastada. ¿Cómo se complementa la defensa de las aspiraciones de los consumidores de drogas o de los homosexuales con el discurso totalitario que define a la izquierda radical en todas partes? Es un tema de mucho interés, y la actitud de Carlos Gaviria ante las drogas o de Piedad Córdoba ante los homosexuales es característica.

¿Cómo pueden ser liberales los totalitarios? Podemos empezar preguntándonos cómo es un régimen totalitario. El caso más conocido es el de Cuba: los contrarrevolucionarios son enemigos públicos y los únicos cubanos que tienen derechos son los partidarios del régimen. Esa división de la sociedad en buenos y malos y esa persecución de los que no suscriben la propaganda oficial se encuentran en todas las dictaduras, pero con el totalitarismo se lleva al extremo. El caso venezolano también puede servir para explicarlo.

Bueno: los totalitarios perseguirán a quienes se les resistan, no vacilarán en usar los peores métodos de terror y el que dude de que Carlos Gaviria y todo el PDA corresponden a esa descripción pueden buscar en alguna declaración de algún dirigente alguna crítica a las prácticas del régimen cubano. Pero entonces ¿por qué defienden a los consumidores de drogas y a los homosexuales? Es sencillísimo, porque para poder perseguir a los “malos” tienen que tomarse el poder y formar mayorías de respaldo en la sociedad. Esos grupos, como las mujeres maltratadas, los agraviados por la exclusión racista, los partidarios de la eutanasia o de la libertad de abortar, etc., son un público al cual “venderle” la promesa de una reforma liberalizadora.

Ante todo, la aventura totalitaria pretende una transformación radical de la sociedad y por eso da por sentada la oposición de los grupos conservadores, en los países hispánicos de la Iglesia católica y también de los grupos evangélicos. La propaganda de los “derechos” y libertades busca atraer a todos los sectores heterodoxos y discrepantes con esa tradición, no importa que para eso haya que buscar complacer, como ocurre en España, al mismo tiempo a los musulmanes fundamentalistas y a las feministas radicales: todo sea para arrinconar al odiado PP y a Bush.

Los totalitarios usan una técnica eficacísima para ensanchar su poder sin cesar: crean toda clase de derechos cuya defensa requiere toda clase de tributos, y la forma de cobrar esos tributos es cada vez más sutil. Mucha gente vive creyendo que no paga impuestos y sí disfruta de servicios, sólo porque quienes pagan impuestos son las empresas, que trasladan el gasto al precio. Alrededor del Estado van formándose toda clase de buscadores de rentas dedicados a defender derechos, que bien pueden ser los de los homosexuales, los de las mujeres maltratadas, los de los consumidores de drogas... No hace falta decir que esos buscadores de rentas son instintivamente partidarios de los partidos totalitarios, tal como ocurre con los gremios de profesionales de la salud, la educación o la justicia en toda Hispanoamérica: el totalitarismo es el partido de los que viven de la política o del Estado.

Pero ese efecto combinado de descalificación de los núcleos conservadores y respaldo de todos los que presentan conductas heterodoxas, por una parte, y expansión de los derechos, por otra, tiene un efecto muy llamativo: dado que las creencias religiosas impregnan las costumbres y muchos niveles profundos del pensamiento, la gente empieza a obrar respecto de la organización que le provee tantos derechos de una forma que evoca la religiosidad. Yo he llegado a ver un pesebre laico en Navidad, y cartas de personas que exigían al Concejo de su ciudad la ocasión de celebrar la iniciación de sus hijos sin el ritual religioso...

Bueno, entendámonos: un pesebre laico no sólo debe tener derecho a existir sino que puede resultar interesante, al igual que una ceremonia laica y atea de iniciación de los menores que compita con la Primera Comunión, en todo caso nadie tendría por qué perseguir a quienes llevaran a cabo tales cosas. Cuando menciono esas cosas me refiero a que las hacía el gobierno o se esperaba que las hiciera.

El caso extremo de eso se da con la petición de una señora francesa que exigía que se le practicara la eutanasia activa, pues un cáncer le deformaba la cara y le producía dolores atroces. Expuestas a ese albur, las personas adeptas a las religiones por lo general descartan el suicidio, pues sienten que su vida no es tan suya como para disponer de ella. Pero las personas no creyentes ¿qué motivo tendrán para no suicidarse sino esperar que lo haga el Estado? Se pueden exceptuar los casos como el del español Ramón Sampedro, que no podía elegir esa opción por estar inmovilizado.

Sencillamente, las personas ya no creen que su vida es de Dios y no le ruegan a Él que ponga fin a su sufrimiento, sino que sienten que se la han entregado a los amables doctores que defienden sus derechos, administradores temporales, oficiantes, de una misión superior: la Historia, la Patria, la Justicia Social, la Revolución Bolivariana...

La cuestión de la eutanasia activa es muy amplia y compleja, y en lo comentado aquí no cabe ninguna alusión a las personas que no pueden decidir lo que quieren por estar privadas de la conciencia. Lo que encuentro en ese caso de la señora francesa es esa perversión peligrosísima de confundir los intereses diversos que pugnan por la liberalización de las costumbres y la ambición de los totalitarios de usar esos anhelos como medio de obtener respaldo para su proyecto neoesclavista. Los creadores de derechos no aumentan los bienes de que dispone la sociedad, sino que encuentran un pretexto eficaz para poner la canal y asegurar su dominio, y esa succión debilita a la gente, la despoja de autonomía y capacidad de comprensión más que cualquier secta supersticiosa.

Publicado en el blog Atrabilioso el 26 de marzo de 2008.

jueves, abril 02, 2009

¿Y si las FARC desistieran?

Muchos pensarán que leer y escribir argumentos sobre política es una pérdida de tiempo, pero a algunos nos parece que no, que realmente los problemas relacionados con la sociedad dependen más de las palabras que de los actos de determinadas personas, trátese de la mano que firma un cheque o del dedo que aprieta un gatillo. Esto interesa porque, en consecuencia, los problemas están más en lo que pensamos y decimos que en lo que hagan otros que siempre están lejos y son incontrolables para nosotros.

Quien así piense desconcertará a la mayoría de los colombianos y les parecerá chiflado. Pero tal vez valga la pena llevarle la corriente al otro a ver con qué sale, porque el que ya está contento con sus certezas ni siquiera empieza a leer. Por ejemplo, el lector podrá preguntarse cuántas veces habrá oído decir que las FARC han perdido sus ideales y se han convertido en unos vulgares narcotraficantes. Yo creo que serán muy, muy, muy raros los colombianos que no suscriban esa afirmación. Bueno, ya puestos a creer, yo creo que el único motivo por el que las FARC no se desmovilizan es esa certeza de tanta gente.

Por ejemplo, cualquier dirigente de las FARC sabe que sus posibilidades de tomar el poder son ínfimas, en realidad, inexistentes, mientras que el peligro de morir es altísimo, y en caso de avenirse a negociar y desmovilizarse tendrían casi asegurada la impunidad y aun salvarían los millones que han acumulado. ¿No? Las ideas de los colombianos sobre los guerrilleros son mucho más inexplicables que las razones de éstos. Parece que mataran gente por vicio y que prefirieran vivir en cambuches que en mansiones. Pero vamos a seguirle la corriente al loquito que firma Jaime Ruiz y a suponer que son personas bastante parecidas a los demás colombianos y que en realidad es muy probable que deseen desistir y vivir con alguna seguridad y solvencia económica. Resulta que el que pusiera de manifiesto ese deseo sería descalificado por los demás dirigentes y probablemente asesinado. En cuanto el mando estuviera en manos de uno solo, ése querría también desmovilizarse, pero ¿quién le aseguraría que no habría un subalterno que no encontrara el camino para convertirse en el gran líder eliminando al liquidacionista de turno?

Es una trampa en la que siempre están metidas las guerrillas y de la que no tienen salida aparente: mientras la derrota no sea definitiva y evidente, el camino del liderazgo es siempre la intransigencia. Pero de todos modos vamos a suponer que ocurriera, que todos los dirigentes de cierto rango aceptaran la conveniencia de una desmovilización negociada y de buscar una salida y convertirse en ganaderos o finqueros de las regiones en que viven desde hace tiempo. ¿Cómo los verían los demás colombianos de la llamada izquierda que durante tanto tiempo han esperado que la negociación con las guerrillas abra el camino al socialismo? ¿Estarían tan contentos de ver a sus antiguos “muchachos” convertidos en enemigos sociológicos? Sinceramente creo que no. Pero es porque yo leo las columnas de opinión y los foros colombianos y sé que hay cientos de miles de personas, la mayoría de las que tienen relación con la función pública o con las universidades, que desean tanto la negociación política con las guerrillas como el rumbo socialista. Verdaderamente hay que ser muy iluso o muy obstinado para creer que las guerrillas no tienen partidarios y clientela.

Pero aparte de esos “opinadores” que no pierden nada con los sufrimientos de los guerrilleros están los líderes de esa facción política, que en cambio perderían mucho en caso de que el formidable elemento de presión que son las guerrillas desapareciera. Primero sería un triunfo del odiado Uribe y de todo el “establecimiento”, y segundo la desilusión de tantas personas que han puesto su esperanza en la revolución socialista que ayudarían a hacer las guerrillas echaría a perder la carrera de esos líderes. El pacifismo no les representa ninguna pérdida y la hostilidad hacia las guerrillas les haría perder respaldos entre su público: no es tanto que los dirigentes del PDA no estén hartos de las guerrillas, sino que el que se mostrara demasiado hostil y propusiera renunciar a la “solución política negociada” —que sólo es el nombre moderno de “combinar todas las formas de lucha”— sería tachado de uribista y quedaría en minoría: a fin de cuentas los únicos beneficiarios de esa negociación serían esos políticos.

Es decir, todo remitiría como propuse al principio, a la opinión de cada persona. En la historia humana la guerra era el camino por el que el bárbaro indigente se convertía en príncipe, como es obvio que ése no es el futuro de los líderes de las FARC, queda claro que la alternativa es sólo ser fracasados fugitivos y expuestos a morir a manos de sus propios subalternos o fracasados prósperos y de vida apacible. Lo que pasa es que la segunda opción no la aceptan los que son prósperos y se divierten gracias a la guerra, los llamados “mercenarios de la paz”, esa multitud de profesores y miembros de ONG a que aludía un profesor español en un post que ha despertado un revuelo considerable. ¿Cómo explicar que en realidad los líderes guerrilleros sólo intentan formar parte de esa elite de la sociedad, que en el caso de triunfar de todos modos seguirían siendo subalternos y estarían expuestos a las intrigas de esas poderosas redes?

Cuando se piensa en esos líderes guerrilleros, el caso de Iván Ríos es paradigmático: individuo tal vez brillante pero del Putumayo, se “formó” en la Universidad Nacional (en Medellín) y adhirió a la doctrina ortodoxa que predicaban y predican otros que provenían de la capital y de familias bien relacionadas y que ciertamente nunca han pasado penurias ni dificultades sino que han sabido explotar el “conflicto” y las ilusiones de tantos y tantos como él para lucrarse y acumular poder. ¿Qué han sido las FARC para los campesinos de los departamentos del sur de Colombia a los que pretendían redimir sino los peores opresores? Y respecto al orden social que pretendían destruir, ¿cuándo se darán cuenta de que son sus principales garantes, de que el escalafón de los magistrados, rectores y congresistas sólo es la vieja jerarquía mientras que el odiado capitalismo abre el camino a una sociedad de competencia en la que esos campesinos a los que creen que se deben tendrían muchas más oportunidades?

Dice un viejo adagio que todo empieza por ser un sueño: ojalá los colombianos que albergaron el sueño del socialismo y de la revolución violenta se dieran cuenta de que fue eso lo que arrastró a miles de muchachos menos afortunados que ellos al crimen. Ojalá empezaran a desistir ellos y ojalá los demás comprendieran del deber de hacerlos desistir, de aislarlos, de señalar su responsabilidad (las últimas elecciones de alcaldes en que ganó en Bogotá el candidato apoyado abiertamente por las FARC son un ejemplo de lo lejos que está eso). A mí a menudo me parece que el odio apasionado que tanta gente muestra por las guerrillas se facilita por el hecho de que sus miembros son personas de condición social humilde, a la que de todas formas rechazarían. Esa clase de enemigos de las guerrillas me inspiran más desprecio que los guerrilleros, cuyos crímenes son sólo la sombra de las mentiras que cada semana escriben los ídolos de los colombianos arribistas, como el celebérrimo dandi taurino o como el siniestro y arrogante Alfredo Molano, para mencionar sólo a dos de los sicofantas más conocidos. Sólo la sombra de la doctrina unánime en las universidades durante medio siglo y en últimas del viejo orden clasista, que pretende perpetuarse “a la cubana”.

Pero en realidad es muy iluso esperar tanto: la gente seguirá convencida de que los guerrilleros perdieron sus “ideales” y odiándolos por eso, al tiempo que los guerrilleros seguirán aferrados a esos ideales, incapaces de la deshonra de no corresponder a los sueños de las personas a las que siempre han querido asimilarse. Para fracasar, mejor hacerlo con honor, se dirán. Y esa clase de honor que sólo es servilismo ante personas mucho más despreciables que ellos sólo inspira lástima, sólo los hace otras víctimas de una mentira y de un orden que seguirá después de su muerte y que dará lugar a nuevas generaciones de criminales.

Publicado en el blog Atrabilioso el 12 de marzo de 2008.