sábado, febrero 28, 2009

El llanto por Íngrid y el síndrome de "Colmobia"

No son pocos los balances de fin de año y los comentarios de expertos que aceptan como algo cierto el declive de las FARC, pese a que la ayuda venezolana les permite mantener su principal negocio de narcotráfico. Pero de ese declive el principal síntoma es la deserción de los comentaristas que habitualmente están de su parte, según la ocasión y la disposición de cada uno.

Por eso ya es más bien raro encontrar alusiones a los “actores del conflicto” y a la necesidad de la negociación política para resolverlo. Incluso la explotación del chantaje “humanitario” es más sutil, suele ir acompañada de insultos a las FARC, como dejándole el descaro a personajes que no tienen que vérselas con las víctimas ni con conocedores de la tragedia colombiana, como Daniel Ortega.

El recurso más utilizado es la condena a la insensibilidad de la sociedad, como denuncia Alejandro Gaviria, si bien en sus conclusiones rehúye la muy probable relación entre esas quejas y el interés de salvar a las FARC o derrotar al gobierno que las ha hecho retroceder y lo reduce todo a “exhibicionismo moral”. Desgraciadamente hay que recordar que durante el gobierno de Pastrana casi todos los artículos de opinión de la prensa bogotana eran no sólo favorables a la negociación, sino a las pretensiones que las FARC presentaban como pretexto. El editorial que publicó El Tiempo la primera vez que Pastrana amagó con suspender el despeje lo resume todo: si las FARC fueran derrotadas pronto habría quien las reemplazara, pues su origen es la injusticia de la sociedad colombiana y su misión es corregirla.

Así, la deserción de los pensadores de corazón justiciero es más bien una máscara con la que pretenden llevar a cabo más eficazmente esa tarea de cobrar al gobierno el 5 % de los secuestros, al tiempo que hacen desaparecer por completo los demás. De paso se lavan las manos ante el probable fracaso de la tropa que iba a implantar el socialismo. Bobos no son.Ejemplo más bien obsceno de eso es la entrevista que le hizo Roberto Pombo a Luis Eduardo Garzón, en la que la meta de la negociación política se disfraza rebajando su contenido: ¿cómo que ir a matarse por la elección del procurador? La cuestión de si una sociedad se deja imponer las leyes de una banda de asesinos desaparece, no es un tema por el que valga la pena sufrir. Aquello por lo que se da la guerra, la agresión de una facción minoritaria se resuelve así: se premian los crímenes porque peor es ir a matarse por eso. ¿Qué importa que los votantes de Garzón pretendan lo mismo que las FARC, el socialismo y la supresión de la democracia? Ellos no van a matarse por eso, es a los demás a quienes matan.

Es el arte del eufemismo, pero hay alguien que lo ejerce mucho mejor que Garzón, con tanta habilidad que hasta escribe en medios liberales como Letras Libres y recibe elogios de Fernando Savater. Se trata de Héctor Abad Faciolince. Su columna de la semana anterior es una joya de ese arte: tras todas las protestas y aclaraciones sale una determinación clara: salvar la vida de Íngrid a toda costa, es decir, despejar y favorecer el juego de las FARC. Muchos lectores poco recelosos habrán caído, y no es tanto por la habilidad del autor, sino que refleja la moral de la sociedad.

Cuando se escriba la verdadera historia universal de la infamia, entre los documentos que den testimonio cabal de la maldad y la injusticia humanas tendrá que estar esta carta dolorosa y bellísima de Íngrid Betancourt, este testamento, este grito desesperado, esta certera acusación a nuestra indiferencia y esta despedida de la vida de una mujer valerosa e inteligente que declara su derrota y se dispone a morir con dignidad. [...]
Lo “doloroso y bellísimo” de la carta es lo que conmueve al escritor, pues ¿qué escribirían esos cientos o miles de desgraciados finqueros, ganaderos, patanes, políticos y empresarios de provincia que fueron secuestrados en los setenta y permitieron a las FARC expandirse y dar lugar a la carrera política del padre de Abad Faciolince y a raíz de su asesinato al prestigio de este escritor? Es un dolor de estrato más bajo, como que no valía la pena indignarse por “nuestra” indiferencia respecto a todo eso. ¿Y qué va a importar que Abad sea amigo personal y promotor de Carlos Gaviria, el prócer que proclama que no es lo mismo matar para enriquecerse que matar para que la gente viva mejor? En esta ocasión lo “nuestro” de Abad lo comparte con los que enriquecieron pagando rescates a quienes lo promovieron a él. Él es uno más de “nosotros”, no faltaría más. Pero para ser sincero es mejor que nosotros, más sensible. Más delicado:

La semana pasada algunos escritores que estábamos representando a Colombia en la Feria del Libro de Guadalajara, con vergüenza por nuestro país, con vergüenza por nosotros mismos y con un hondo pesar por Íngrid, llorábamos en el desayuno mientras leíamos esta carta. Era un dolor silencioso, por ella, y por la inutilidad de las palabras. Después hablamos, a pesar de todo, y escribimos un comunicado y dimos declaraciones, que quizá no sirvan de nada, condenando la barbarie criminal de las Farc que la tienen secuestrada a ella, a Clara Rojas, a su niño Emmanuel y a todos los demás, desde hace ya tantos años.
¿Alguien se imagina a estos representantes de Colombia desayunando en un hotel de lujo y avergonzados del país que les paga varios viajes al año, prestos a llorar en honor de la buena prosa de Íngrid (pues los secuestrados son varias decenas de miles y hasta ahora sólo han presionado para premiar a los secuestradores)? ¡Y cómo no iban a condenar la barbarie de las FARC si son promotores del partido que quiere que se negocien las leyes con las FARC y aprovecha cada atrocidad para denunciar el fracaso de la seguridad democrática! El odio a las FARC resulta algo asqueroso cuando se comparte con esta clase de personajes y no se extiende a ellos.

[...] El secuestro es un infierno y no hay representante más diabólico del Mal que el secuestrador.
[...] Estamos conmovidos, sí, pero no nos movemos. Y nos tenemos que mover, antes de que Íngrid y los demás se nos mueran.

Pero si el secuestrador es el representante más diabólico del mal, ¿por qué Abad promueve a un partido formado por secuestradores pensionados? Comparada con esa labor canallesca de cobrar los secuestros (que es el sentido de la segunda frase: llamar a presionar al gobierno para que ceda a la presión de las FARC, tal como hacen casi todos los columnistas amigos de la guerrilla), la tarea de cometerlos sólo corresponde a una división técnica del trabajo. Quienes se llevan a las víctimas son torpes peones, quienes las cuidan, pobres niños: quienes se lucran del crimen son los amigos de Abad y de otros delfines que heredaron poder y prestigio del poder tradicional del PCC.

[...] Hay que dar la batalla por la libertad de Íngrid y de todos los secuestrados, hablando y movilizándonos, pidiéndole al gobierno que sea flexible, y exigiendo a la guerrilla que abandone su resentimiento criminal, sus métodos salvajes de lucha.
Respecto a las exigencias a la guerrilla, ya se sabe qué utilidad tienen: es como cuando la víctima de una violación le pide cariño a su agresor. Pero lo otro sí es útil, nadie debe olvidar que las movilizaciones que ocasionó la masacre de los diputados del Valle sirvió para que el PDA clamara por el “intercambio humanitario”, y que la bomba de El Nogal sirvió para que los mismos exigieran “Ni un peso más para la guerra”, objetivo que ahora comparte José Fernando Isaza. Ellos llaman a movilizarse para convertir las movilizaciones en recursos a favor de su industria de secuestros. A muchos esto les parecerá excesivo, pero ¡qué curioso!, ¿alguien se imagina por qué los demás secuestrados no interesan a nadie? ¿Y por qué desaparecen de la prensa las noticias sobre víctimas del terrorismo, cientos de miles en las últimas décadas? Los rehenes del “intercambio humanitario” sólo son importantes porque convienen a las FARC y a sus promotores.

Pero el lenguaje eufemístico de este canalla es sólo un formato, una “presentación” dirigida a un público más necesitado de pretextos. Uno de esos “representantes diabólicos del mal”, en uso de buen retiro y copiosamente recompensado por su amigo Enrique Santos Calderón y la parte de la sociedad a la que defendió (aunque lo más seguro es que al final paga el Estado, es decir, los demás colombianos), León Valencia, es un poco más sincero en sus mentiras, menos aprensivo en su tarea. Complementa a Abad, tal vez está previsto que lo lean después:

[...] En cambio, la posición clara y única de las víctimas ha sido el "acuerdo humanitario". Lo han pedido desde lo profundo de las montañas donde están los cautivos en las condiciones más infamantes. Lo han repetido en todos los foros nacionales e internacionales. Se lo han implorado al Presidente y se lo han exigido a las Farc.
¡Las víctimas van a todos los foros a pedir el intercambio humanitario y hasta escogieron a este asesino de portavoz! Y yo que creía que lo era el nunca bien ponderado Cepeda II. ¿Alguien se imagina lo que le ocurriría a un “retenido” si su familia contrariara a las ONG que organizan la presión sobre el gobierno para que premie a las FARC. Ni siquiera el lobby descarado a favor de los terroristas de personas como Yolanda Pulecio deja a su hija a salvo de los atropellos de los “hermanos” de Daniel Ortega y León Valencia, no hay ni que imaginarse lo que sería una familia hostil. Al lado de esa mentira de ese canalla empleado de Santos Calderón el secuestro es algo de poca monta. El secuestro es sólo una parte de la misma industria de la que forman parte esos escritos.

Se le estremece a uno el corazón cada que aparecen pruebas de supervivencia y ve la huella trágica que deja este delito atroz, o cada que se encuentra con familiares y recibe el recuento exacto de las mil plegarias y acciones que han realizado en estos años. De los desvelos y sacrificios que han vivido. De la angustia infinita que llevan a cuestas.
Para que vean que Abad no es el único sensible, también a este secuestrador retirado se le estremece el corazón. Lástima que no tenga testigos de que también llora.

Pero los secuestrados y sus familiares nunca han podido ganar entre los factores de poder y en la opinión colombiana el apoyo para obligar al Estado y a las Farc a negociar el intercambio. Pese a la justeza de su posición y al dolor inmensurable que transmiten, solo han logrado el respaldo de algunos líderes políticos, de un sector de la Iglesia, de algunos medios y columnistas de prensa. Pare de contar.
Hay corazones... colombianos, ésa es la palabra, que se estremecen oportunamente cuando el elemento de interés asoma. No importa si se es un angelito de buen corazón y hasta víctima o si se es representante del MAL, puestos a cobrar el secuestro todos pueden mostrarse muy sensibles.

No ha ocurrido así en la opinión internacional; de allí ha venido la presión para negociar. Han sido la insistencia del gobierno francés, o los llamados de Chávez, o las voces de Washington el factor que ha movido un poco, en algunas coyunturas, al Gobierno y a las Farc. Ahora mismo han obligado al presidente Uribe a ofrecer una zona de encuentro, que esperamos sea acogida por las Farc.
Se le olvidó mencionar a Nicaragua. Respecto a los franceses, ¿nadie los recuerda tratando de salvar a toda costa el despeje del Caguán? La mayoría de los gobiernos europeos que han tenido alguna injerencia en Colombia han intentado promover a las guerrillas, pues a fin de cuentas los contratos de explotación de recursos mineros irían a manos europeas si aquéllas triunfaran. No es por sensibilidad con las víctimas, ningún gobierno europeo ha intercambiado terroristas por rehenes.

En el reportaje con Yamid, [Francisco] Santos se lanza a criticar a los partidos y a la sociedad. Señala que cuando la Eta asesinó a Miguel Ángel Blanco, toda España se volcó a las calles y se queja de acá: ni las fuerzas políticas, ni la ciudadanía han sido capaces de manifestar la indignación frente a la barbarie de las Farc. Pero olvida que en España, cuando miembros de la Fuerza Pública, en una operación encubierta, torturaron a miembros del grupo terrorista 'Grapo', se gestó una crisis política, cayó un ministro y Felipe González sufrió un severo desgaste. También allí, ahora mismo, nadie se atreve a atentar contra la vida de los dirigentes de Herri Batasuna, un partido que no esconde sus nexos con la Eta. Persiguen en derecho a quienes delinquen. En contraste, en Colombia, se hizo la más brutal ronda de la muerte contra la Unión Patriótica y recientemente se puso en marcha una campaña de desapariciones, que llevó a la oscuridad de las fosas comunes a más de diez mil personas. Todo mediante la alianza entre políticos, militares, paramilitares y narcotraficantes.Francisco Santos debería recordar el movimiento de paz de los años 90 y saber que solo es posible desatar una gran fuerza ciudadana hablando desde el lugar de las víctimas y criticando por igual a todos los actores ilegales y a todas las violencias. Solo desde un alto pedestal moral se puede hacer justicia.
La alusión al GAL es parte del cinismo de este asesino: ¿qué miembros del gobierno colombiano tienen que ver con actividades delictivas? En tal caso, podría denunciarlos. En el caso del PSOE y el GAL, esta banda había sido organizada por altos cargos públicos de ese partido. ¡Ahora las complicidades de políticos y militares con los narcotraficantes legitiman a las FARC, ¿o qué es lo que se infiere de esas afirmaciones? Claro que en Colombia debe haber un rechazo enérgico de todos los crímenes y de todos los criminales, pero ¿a qué viene todo el cuento de los crímenes de la competencia de León Valencia contra los agentes desarmados del PCC?Ahí la sociedad colombiana, víctima también de los narcotraficantes y paramilitares, resulta en deuda con los terroristas por los crímenes cometidos por otros, y la forma de resolver el sufrimiento de las víctimas y de hacer justicia es favorecer miles de secuestros y asesinatos más.

Se suele hablar de “síndrome de Estocolmo” a la identificación de las víctimas de secuestros con sus verdugos, debido a la ansiedad que la situación provoca. Basta con ver episodios semejantes en la televisión para comprender a esas víctimas, de tal modo que uno puede preguntarse, ¿esto colmo? El colmo es Colombia, o mejor dicho “Colmobia”, el único lugar en el que un asesino desvergonzado sale a hacer presión para promover nuevos asesinatos y nuevos secuestros y no vacila en hacerlo desde un alto pedestal moral, el único lugar en el que una señora que declaraba que el encuentro con Tirofijo le había cambiado la vida y después se fotografiaba con los jefes del secuestro es nombrada Personaje del Año y la gente no dice nada, tal vez porque comparte el premio con un miserable que aprovecha su cargo de magistrado para promover falsas denuncias que permitan prosperar a los terroristas.

Muy triste es el destino de una sociedad que no es capaz de rechazar enérgicamente a esa clase de miserables que disfrutan de toda clase de lujos gracias a su proximidad a los secuestradores y no vacilan en dar lecciones de moral y en sacar provecho de un llanto que probablemente sólo procede del hecho de comprobar que la tropa de niños que los iba a convertir en ministros vitalicios retrocede y decae.

miércoles, febrero 25, 2009

2008: Aviso para navegantes

El año que pronto comenzará tiene un significado especial en la política colombiana, pues se pondrá en claro qué aspectos tendrá la confrontación presidencial de 2010: por una parte, si Uribe intentará efectivamente otra reelección, por la otra, si los ex alcaldes de Bogotá y Medellín se lanzarán a la carrera presidencial.

La reelección de Uribe es una pésima idea que sólo puede favorecer las posibilidades de los chavistas, pues resultarían legitimados por el aspecto cuasi dictatorial, fujimorista, del actual presidente. Ya se ha señalado que al acceder al control de partes crecientes de la organización estatal, la tentación de robar se multiplica para los administradores que han ascendido junto a Uribe, habría que añadir que aparte se agravaría el apoltronamiento de funcionarios que no necesariamente son los mejores y la caída en rutinas e inercias que terminan frenando el avance de la sociedad.

El rumbo del uribismo resultó claramente determinado por el resultado del referendo de 2003: mientras que el conjunto de la oposición esperaba propinarle una derrota al presidente al considerar que se trataba de un plebiscito sobre él, lo que consiguieron fue legitimarlo, pues para quienes votaron con sentido cívico lo que hubo fue fraude y manipulación en favor de las peores prácticas de la política. El contenido del referendo quedó como una ilusión perdida, como un territorio irredento del reformismo democrático, pero al mismo tiempo el gobierno se decantó por la alianza con las maquinarias políticas tradicionales y con los empleados estatales y renunció sin costos a promover ese contenido. Prueba de ellos es el aumento de salarios estatales en 2005, medida que iba en sentido contrario a la propuesta del referendo.

La oposición se quedó con el pecado y sin el género, como mucho obteniendo una leve justificación para su tropa al hacer asociable al gobierno con las malas costumbres políticas y las mafias de paramilitares (pues aquél necesitó esos apoyos para gobernar). Magro resultado: el rechazo a las FARC y el ELN en Colombia es lo suficientemente sólido para que las justificaciones de los columnistas y profesores lo pudieran cambiar. La alianza entre “politiqueros” y opositores (comprobable por la bajísima participación en la Costa Atlántica en el referendo, y en el alivio que expresó Germán Vargas Lleras tras el fraude) sólo condujo al triunfo de los segundos. Por lo demás, a la hora de presentarse como renovadores con ética, los dirigentes de la izquierda mostraron precisamente su inclinación a las peores prácticas leguleyas, cosa que en términos de opinión masiva puede haber importado poco, mas no para la militancia, ansiosamente necesitada de algún adorno ético.

Si se descontara la reelección, el ascenso de alguno de los actuales socios políticos de Uribe es en extremo complicado: ninguno tiene una imagen avasalladora ni un ideario sólido que le permita hacerse ilusiones de heredar la votación del presidente. El “partido” creado para organizar las adhesiones interesadas de políticos profesionales a Uribe resultó tan pobre de ideas que su gran justificación terminó siendo una letra, la inicial del apellido del presidente (algo parecido está ocurriendo con el PSOE español, dedicado a la magia de la Z que les da “seguridaz”). Los adjetivos del nombre de ese partido sólo evidencian esa carencia absoluta de ideas, no les faltó mucho para llamarse directamente “nacional-socialistas”. ¿Qué pinta la “unidad nacional” en el nombre de un partido político en la Colombia de hoy? ¿Qué sentido tiene el adjetivo “social” añadido a “partido”? Ningún partido puede ser “asocial”.

Eso y el desgaste de una política poco clara y tendiente a la conciliación perpetua con cuanto sector reluzca son hechos que permiten que, en mi opinión, una opción renovadora, crítica con el presidente, tenga buenas posibilidades de triunfar en 2010. No obstante, esa opción no está al alcance de dirigentes del llamado “Partido Liberal”, pues sus críticas no convencen a nadie y sus propuestas no son más que obscena demagogia que recuerda la propuesta de Serpa de doblar el salario mínimo, cuando no se ve la clara asociación con el chavismo.

Luis Eduardo Garzón parece la opción más probable del PDA y los aires de “moderación” que exhiba le son en extremo convenientes para posicionarse en esa carrera: nada necesita más el PDA que una imagen popular de alguien ajeno a la guerrilla y supuestamente enemistado con ella. Acerca de eso no estaría de más recordar que siendo alcalde Garzón propuso un camino de paz que pasaba por la obvia Asamblea Constituyente negociada con las FARC: en el período anterior sus actitudes fueron bastante más pintorescas, cuando Mockus convocó una manifestación contra las FARC por el intento de volar Chingaza, Garzón le preguntó por qué la manifestación no era también contra el ejército y los paramilitares, también actores de violencia.

En la campaña electoral de 2002 salió con que se sentía como el sheriff razonable que tiene que hacer frente a dos pistoleros dispuestos a destruirlo todo en su confrontación: Uribe y Jojoy.Lo que suena a chiste y definitivamente no podrá cuajar es una candidatura “centrista” de Garzón: no podría ponerse en contra de la guerrilla, por ejemplo exigiendo su desmovilización, porque perdería el apoyo de su partido y se quedaría sin militantes ni recursos para hacer campaña. Esa opción le está vedada, por mucho que intriguen los expertos en relaciones públicas. Todos los candidatos están expuestos a los resultados de la segunda vuelta: una especie de bipartidismo forzoso, pues algún candidato habrá de tener los votos chavistas o de amigos de las FARC y otro los opuestos. Mal papel haría Garzón como enemigo de su partido.

En esa misma disyuntiva está el actual alcalde de Medellín: sus posibilidades dependen de que siendo crítico con Uribe consiga atraerse los votos uribistas, tanto en el noroccidente como en el resto del país. Eso no es imposible porque la causa de la popularidad de Uribe es el alivio respecto a la violencia, producto de la política de seguridad democrática. Si Fajardo apoya resueltamente esa política y plantea desde el principio una distancia crítica con Uribe y al mismo tiempo una confrontación resuelta con los legitimadores del terrorismo en los medios y en la política, podrá atraerse votos “de opinión” que en otras condiciones estarían más bien a favor que en contra de Uribe en una segunda vuelta. Desgraciadamente sus antecedentes lo muestran con otra actitud.

Lo que no puede hacer es soslayar la cuestión de la negociación política o tratar de venderla bien aderezada. Ya la experiencia de Antanas Mockus demuestra adónde conducen esas actitudes. En las listas del ex alcalde de Bogotá figuraban en cabeza Salomón Kalmanovitz, profesor que recomendaba votar por Samuel Moreno (sin ocultar sus particulares condiciones) para contener el uribismo, y Hernando Gómez Buendía, un resuelto partidario de la solución negociada. Un candidato con un planteamiento tan vago difícilmente obtendría votos en las regiones amenazadas por los terroristas.

Para cualquiera que haya observado la política colombiana en las últimas décadas es evidente que los políticos sin ideas no pueden liderar a un país que afronta una situación tan complicada. Los gobiernos de Samper y Pastrana mostraron los resultados de esa actitud dilatoria y distraída de andar transando con todo el mundo para conservar el control. Si Fajardo, o cualquier otro, quiere ser gobernante, tiene que empezar a responder si quiere encarrilar al país en la senda de la democracia liberal de Occidente o en la del socialismo del siglo XXI, y en consecuencia si está dispuesto a aliarse con los actuales socios de Uribe, a negarse a negociar el poder o la política o las leyes con los terroristas, a mantener la política antidrogas (tal vez buscando otras actuaciones más efectivas), a buscar la reforma de la tutela y de la financiación de las universidades, así como el control estatal de éstas (que por ejemplo evite la promoción del terrorismo con recursos públicos, como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas)...

No creo que tenga futuro una candidatura que pretenda soslayar esas cuestiones, pero si llegara a equivocarme, mucho me temo que los problemas del país se agravarían. El remedio para un país bizarro no es tapar los espejos, sino emprender las reformas que permitirían su inclusión en la comunidad de naciones civilizadas. Ésa es una tarea titánica que no puede llevar a cabo ningún pusilánime, ni nadie que siga pensando en darle a los narcoterroristas ni a sus socios una “segunda oportunidad”.

Publicado en el blog Atrabilioso el 12 de diciembre de 2007.

lunes, febrero 23, 2009

La ausencia como medio

Leí en un blog una cita del comunicado que emitió el PDA con ocasión de la publicación de las pruebas de supervivencia de los rehenes de las FARC. Al leer el texto en la página del PDA me encontré con una joya del cinismo, de la mentira y de la bajeza que de por sí demuestra que estos canallas son mucho peores que los de las FARC:

Es muy importante prestar atención a los elementos externos al comunicado propiamente dicho, porque la contradicción es evidente, como si el control de la página en cierto momento lo tuviera un miembro de un sector interesado en una política y el comunicado lo hubieran redactado los defensores de otra. Al final siempre manda el sector que cuenta con los recursos, los militantes y la capacidad de intimidar, es decir, los más alineados con Chávez y el PCC.Éste es el título:
Sin ninguna condición
El Polo exhorta a las FARC a que liberen de inmediato a todos los secuestrados.
Primera mentira: “sin ninguna condición”. No hay tal cosa en el comunicado.

Segunda mentira: “liberen”. Tampoco hay tal cosa.

Tercera mentira: “de inmediato”. Un invento de quien puso el título.

Cuarta mentira: “todos”. Ídem.

En cambio, es muy llamativo el uso de “exhortar”: no “exige” como quien reclama un derecho ni “solicita” como quien busca un favor, sino “exhorta”, como hace quien tiene autoridad.

Las pruebas de supervivencia conocidas hoy son, a juicio del Polo, "confesión irrecusable de crueldad e inhumanidad" que genera el secuestro y que "ningún propósito real o supuesto puede justificar."

Mentira de este párrafo: “que genera el secuestro”. Esto es aporte de quien redacta la entradilla. No hay más mentiras porque es texto citado. Ya se verá como no es que el secuestro genere... ¿crueldad e inhumanidad? ¿O “confesión irrecusable de crueldad e inhumanidad"?... No, leyendo con atención sólo hay protestas por el sufrimiento evidente de las víctimas, no por el secuestro.

El Polo demandó del gobierno nacional "dejar de lado obsesiones y prejuicios" en relación con los llamados "inamovibles".

Esto demuestra que hasta el que puso los títulos es consciente de su mentira: ¿cómo pueden estar reclamando a las FARC que liberen a los rehenes sin condiciones y al gobierno que cumpla las condiciones? El título y las entradillas son recursos propagandísticos que en últimas contribuyen a engañar a incautos y a hacer eficiente la labor de cobrar los secuestros, que es la tarea del PDA cuando se gasta el dinero de los bogotanos en promover el “intercambio humanitario” o cuando mueve sus fichas en medio mundo en defensa de tan noble fin.

Éste es el texto del comunicado:
Ante las pruebas de supervivencia de algunos de los secuestrados en poder de las FARC conocidas por la opinión pública, el PDA declara y exige:
1. No son sólo pruebas de supervivencia, que algún alivio llevarán a las familias de los secuestrados, sino confesión irrecusable de crueldad e inhumanidad que ningún propósito real o supuesto puede justificar.
Ya se verá en los párrafos siguientes que el reclamo no tiene relación con el secuestro sino con la falta de trato amable a los rehenes. El que mencionó eso en la entradilla miente.
2. Aunque se piense que es arar en el desierto exigir el cumplimiento de obligaciones humanitarias a una organización armada, por principio, desligada de toda normatividad vigente, exhorta a las FARC a que pongan término inmediato, sin condición alguna, al sufrimiento y la tortura de seres humanos cuya dignidad es incompatible con semejante oprobio,
Lo anterior no quiere decir que exhortan a las FARC a que suelten a todos los secuestrados, en tal caso, ¿qué significa el párrafo siguiente? ¿Alguien se ha olvidado de que el PDA exige el intercambio humanitario? Es como cuando en la tienda le ofrecen a uno algo regalado y después se lo cobran. "El sufrimiento y la tortura" los entenderán los ingenuos como el secuestro, pero sólo es el maltrato.
3. Demandar del gobierno con la misma energía, en función de obligaciones jurídicas internas e internacionales que ineluctablemente lo vinculan, dejar de lado obsesiones y prejuicios estratégicamente llamados “inamovibles” que, así se juzguen de valor eminente, son infinitamente menos trascendentales que la vida, la integridad y la dignidad de las personas puestas bajo su protección por inequívocos mandatos constitucionales.
Es muy importante ver el uso del lenguaje jurídico como elemento de autoridad y al mismo tiempo para deslumbrar y confundir a los lectores recelosos: facilitar el asesinato de miles de personas y el secuestro de otras tantas es forzoso para el gobierno “en función de obligaciones jurídicas internas e internacionales que ineluctablemente lo vinculan”.

Esas obligaciones son otra mentira. ¿Qué gobierno de este mundo estaría dispuesto a intercambiar 11 terroristas por cada rehén que prometen los captores liberar? ¿Qué es lo que significan los “inamovibles” sino precisamente impedir miles de asesinatos y secuestros que convienen al PDA como parte de su aspiración de imponer en Colombia el proyecto fracasado en la elección del domingo 2 de diciembre en Venezuela? ¿Cómo pueden decir que “exhortan” a liberar a los secuestrados si al mismo tiempo claman porque se premien los secuestros más allá de lo que ya se ofrece el gobierno a premiarlos?

De no ser porque en Colombia no hay un rechazo enérgico al cinismo ni a la mentira ni al secuestro, estos canallas no se atreverían a mentir de forma tan desvergonzada. Pero lo que se ha demostrado es que cuanta más perversidad exhiben más votos obtienen.
4. Que juzguen las colombianas y los colombianos cuan frágil será una política de “seguridad democrática” que para ser preservada (fin invocado como irrenunciable) debe apelar como medio, a la ausencia de una política de liberación de las víctimas compatible con la protección de sus bienes jurídicos más valiosos.
Las señoras estarán agradecidas de la mención al principio de la frase: ¿alguien entiende lo que dicen? La política de seguridad democrática es frágil porque "debe" (el hediondo Carlos Gaviria ni de español tiene idea) ¡apelar como medio a la ausencia de políticas de liberación de las víctimas compatible con la protección de sus bienes jurídicos más valiosos! ¿Alguien entiende cómo puede una ausencia ser un medio? Claro, a los rehenes los matan si hay un intento de liberación por la fuerza, pero los valiosos bienes jurídicos exigen que se apele a otros medios que salvaguarden esos bienes jurídicos, es decir, que se ceda a todo lo que pretenden las FARC porque la liberación de 11 asesinos por cada rehén no es suficiente para el PDA.

El sentido del punto 4 es transparente: ¡quieren aprovechar las pruebas de supervivencia para arrimar el ascua a su sardina! No es que haya varios miles de personas en manos de organizaciones con las que el PDA comparte fines sino que el gobierno ha fracasado por no premiar suficientemente los secuestros. Por no facilitar la multiplicación del terror y en fin por no favorecer el avance del PDA y su proyecto.

En ese contexto el optimismo de Eduardo Pizarro ante las posibilidades de alternancia sólo es una muestra de un cinismo que a fin de cuentas es la característica de las clases altas colombianas, trátese de Antonio Caballero, el columnista que aprovecha el escándalo para legitimar la lucha armada, de Guillermo León Sanz, cuyos crímenes le permiten poner en el Concejo de Bogotá a su hermano, o de cualquier tinterillo venal como César Gaviria y los de su séquito.

El día que se juzgue a las FARC por toda su trayectoria, la relación con el PDA será uno de los hechos más vergonzosos. El cinismo de estos repugnantes malhechores es la mayor ofensa a las víctimas.

Publicado en el blog Atrabilioso el 5 de diciembre de 2007

viernes, febrero 20, 2009

La izquierda democrática de Escipión el Africano

La superstición predominante en Colombia es la creencia en un “conflicto” entre “el Estado” y unas organizaciones armadas comunistas dedicadas al narcotráfico y al secuestro. La obstinada resistencia de la sociedad a entender que esas organizaciones son sólo frentes de una vasta conjura, cuyos fines y cuyos participantes son por completo transparentes para quien no quiera taparse los ojos, hace pensar en una víctima de la burundanga que se ha vuelto adicta y se niega a entender que quien le proveyó la infusión funesta colabora con quien la roba.

Grata ilusión
El sentido profundo de esa superstición es la necesidad de inventarse un pasado para no ver el de la realidad, lo cual lleva de nuevo a considerar el carácter enfermizo de la sociedad: los partidarios de las FARC son para la mayoría de quienes leen la prensa, sobre todo en Bogotá, sus superiores sociales, las personas a las que intentan asimilarse. El rechazo al crimen es una pasión más débil que el arribismo y la lambonería, sobre todo es más débil que el rechazo a los gringos o a los judíos o a cualquiera al que se le relacione con “trabajo”. Cualquier examen al pasado de Colombia va a dar como resultado el continuo parasitismo de los criollos de la Colonia y sus descendientes: es decir, de los que tienen alguna relación con la “izquierda democrática” y conservan la agradable costumbre de vivir del cuento.

Ideales traicionados
Por eso casi cada día se leen testimonios de personas que consideran a las FARC unos traidores que ya no defienden al “pueblo” sino que tienen su propia agenda criminal. Todo esfuerzo por explicar que las FARC siempre han sido consecuentes con su programa y que cuentan con el respaldo casi unánime de la universidad y los sindicatos estatales y los grandes grupos mediáticos les parece a la mayoría de los colombianos un síntoma de demencia. ¿Cómo van a ser esos patanes de estrato 1 lo mismo que los grandes pensadores de estrato 6 que tanto lustre dan a la patria? ¿Cómo se va a comparar proyectos tan nobles como la economía planificada o todo lo que proponen los seguidores del socialismo del siglo XXI con lo que hacen esos zarrapastrosos del Caquetá?

Noción de democracia
Por ejemplo, nadie ha leído en ninguno de los grandes medios escritos a ningún columnista o redactor que ponga en duda que el PDA es “la izquierda democrática”. Cuando uno se pregunta qué tiene de democrático un partido que siempre ha estado a favor de que se negocien las leyes por encima de las urnas con una banda de asesinos, se encuentra de nuevo ante una realidad antropológica particular: ¡ha osado preguntar eso a colombianos! Las palabras en Colombia son otra cosa, nunca nadie pone en duda que los del PDA son demócratas porque participan en las elecciones. Abiertamente lo dicen en sus documentos. ¿Qué es izquierda democrática? La que no participa en la lucha armada. Ya hemos explicado muchas veces que ni el PDA, ni el Partido Liberal, ni los editorialistas de El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, Cromos, etc. nunca han pedido a las FARC y el ELN que se desmovilicen sino a la sociedad que se someta a la negociación que pretenden.

Escipión “el Africano”
La llamada izquierda democrática tiene además un programa de largo plazo idéntico al de las FARC: la instauración de la planificación central en la economía y la nacionalización de los principales servicios (ingeniosamente llamada desprivatización). Su papel es defender exactamente el mismo programa de las FARC pero dentro de la legalidad. ¿Qué ocurre en las cabezas de los colombianos? Fácil, que las palabras no tienen un sentido fijo, que en el momento conveniente también se dirá que las FARC han llevado a cabo una larga lucha por la democracia. Pero eso no es algo que ocurre en la cabeza de los narcoterroristas y sus socios (es como si mañana se pusiera de moda cantar ópera y los que cantan en los buses se lucieran con algún aria del Tristan y los pasajeros maldijeran a Wagner). Eso ocurre en la cabeza de los demás colombianos, que no ven problema en las palabras, para eso necesitarían plantearse alguna autonomía de pensamiento, necesitarían entender que un partido de corte clientelista-conservador miente cuando se llama “Cambio Radical” o que otro que pretende captar los votos que simplemente adhieren a la figura del presidente no necesita llamarse “nacional-socialista”. Lo “democrático” de la izquierda democrática es como lo africano del general romano Escipión, “El Africano”. Como si un pistolero se apodara “el banquero” o un militante encargado de retenciones se llamara “el Niño”.

Allende y Chávez
Lo mismo se podría decir de Salvador Allende: era un demócrata porque había ascendido al poder en unas elecciones. ¿Tenía un programa democrático? ¿Qué es acaso democrático? Es una palabra bonita que aprueban todos los colombianos. Si un presidente que había ascendido con un 37 % de los votos, mucho menos de un 30 % de los ciudadanos censados, quería cambiar las leyes de propiedad y en general suprimir el derecho, ¿qué era lo que lo hacía menos democrático? Hugo Chávez tiene la capacidad de demostrar la clase de demócrata que era Allende. Lo cual no se debe entender como que los crímenes cometidos por los golpistas que reemplazaron al presidente chileno sean justificables: es que los crímenes ajenos no convierten a nadie en buena persona.

¿Por qué no Hitler?
En todo el mundo civilizado hay un amplio consenso en rechazar los totalitarismos del siglo XX, cosa que es imposible en Colombia, donde ser o haber sido comunista es todavía algo honroso y la multitud de crímenes de ese totalitarismo, decenas de veces más que los que cometió Hitler, no preocupan a nadie: a fin de cuentas se cometen en Colombia todos los días y son lo que permite enriquecerse a varios miles de empleados estatales. De modo que si uno se pregunta por qué no considerar demócrata también a Hitler, se sorprenden mucho, ¿cómo se va a poner un adjetivo de buenos a uno malo? Los siglos de pensamiento religioso influyen mucho en esa disposición, ¿en qué está más lejos Hitler de la noción de democracia que el PDA? ¿Acaso mató a alguien? Los del PDA sí lo han hecho: el sicario que acabó con la vida de José Raquel Mercado vive desgañitándose para exigir “verdad, justicia y reparación”, y los crímenes que encargan y cobran no son menos atroces que los del demagogo vienés, sólo es que todavía la escala de esos crímenes es menor (aunque no lo es la de uno de los socios de su líder actual, Hugo Chávez: Sadam Husein; ni siquiera la retórica del otro socio, Ahmadineyad, es más perversa que la de Hitler).

Más allá de la obscenidad
Pensando en todo eso resulta espeluznante leer escritos como una columna reciente de Eduardo Pizarro sobre lo que ocurrirá en Bogotá y Nariño, que ahora estarán gobernados por el PDA. ¡De repente a este ex director del IEPRI que discutía con Molano si se podía pedir a las FARC que dejaran de secuestrar (según el líder de la universidad colombiana, ¿cómo se quería que mantuvieran su lucha sin recursos ilegales si no podían disponer de los legales?), a este antiguo dirigente del M-19 se le olvida que el PDA no ha hecho más que tratar de impedir todo lo que pueda ser eficaz para combatir a las FARC, y los considera candidatos a llevar a cabo una buena labor de seguridad! ¿Nadie se habrá figurado cómo se fraguó el triunfo del PDA en Nariño en dos elecciones seguidas? ¿Nadie recuerda el resuelto apoyo de las FARC al PDA en sus páginas de internet? Suicidas que son esos malhechores, que no ven que han estado alimentando a su enemigo más peligroso.

Lo que se puede decir
Así es la prensa colombiana, un mundo en el que circulan las mentiras más perversas divulgadas por los señoritos para consumo de los lambones. ¿Alguien se imagina que en un país civilizado tendría algún prestigio el calumniador que atribuía a la CIA el asesinato de Galán y después al ejército la bomba de la Escuela Superior de Guerra? Ese señorito taurino es sólo el modelo de los cientos de sicarios que llenan los foros de El Tiempo y los blogs (y que no encuentran mejor argumento que borrar los blogs ajenos acusando a otros para sustentar sus calumnias: también en la página de los borra-blogs apareció la misma versión sobre la bomba, aunque ocurre con todas las que ponen los peones).

El socialismo del siglo XXI
Señala Carlos Alberto Montaner que en Latinoamérica se ha extendido una especie de “izquierda carnívora” que en cuanto llega al poder destruye las instituciones democráticas y persigue cualquier atisbo de oposición. La forman los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. De toda esa izquierda el único sector que sí ha asesinado a cientos de miles de personas y secuestrado a decenas de miles es la izquierda colombiana. La única que abiertamente aspira a efectuar imposiciones por encima de las urnas, con el cínico pretexto de que la fuerza es de otros. Pero es el reflejo correcto de la sociedad, a nadie le ha importado nunca que el mismo hermano de Pizarro dirigiera el asesinato de 164 guerrilleros en el Cauca: ¿quién va a cuestionar a la familia de un líder carismático? De hecho, es ocioso ponerse a explicar que “democrático” no significa “que participa en las elecciones”. Muchas personas encontrarán un buen puesto en alguna institución distrital gracias al poder alcanzado por la tropa, ¿qué interés tiene que el precio sea colaborar con un proyecto criminal que sólo difiere del de Hitler por su torpeza y ridiculez?

Publicado en el blog Atrabilioso el 27 de noviembre de 2007

lunes, febrero 16, 2009

El poder de la droga

Todos habremos oído a esas personas que no han tenido relación cercana con las drogas ni con quienes las consumen atribuir a aquéllas un poder casi mágico para transformar el carácter de sus víctimas, a tal punto que cuando alguien se dedica a delinquir les parece que eso le ha ocurrido porque antes se acostumbró a fumar marihuana. Y bastaría una encuesta en países en los que los consumidores son muchísimos más y los delincuentes muchísimos menos para refutar esas suposiciones: claro que las personas dadas a transgredir las normas tenderán a consumir drogas y a cualquier diversión costosa semejante, como el alcohol, el juego, etc., pero nadie piensa que por beber cerveza se convierte alguien en delincuente.

Eso mismo se podría decir del impacto del narcotráfico como causante de la violencia colombiana: no faltan los que consideran que todos los problemas del país son consecuencia de ese negocio, y se llega a leer escritos indignados de muchos que infieren una serie de relaciones causa-efecto que termina siendo grotesca: el narcotráfico es producto de la prohibición, por tanto es un perjuicio que sufrimos los colombianos por culpa de ese vicio de consumir y prohibir de los estadounidenses... Finalmente los capos de la droga llegan a parecer hasta víctimas de esos prohibicionistas; incluso, lo que motiva la prohibición resulta ser el afán de dominar a los países productores y de sacar provecho del negocio de las drogas (según la respetada tesis del premiado periodista Antonio Caballero)... Todo eso lo ha oído todo el mundo en Colombia y en realidad hay que pensar en la clase de personas que repite eso para encontrar una mentalidad criminal, para explicar todo lo que ocurre con las drogas.

Sin necesidad de ir a esos extremos delirantes no faltan los que proclaman que hay que legalizar las drogas para acabar con la violencia colombiana. Personalmente creo que la despenalización del narcotráfico es deseable, pero (si es que tiene sentido hablar de lo que no podrá ser) ni va a ocurrir en varias décadas ni tendría mucha utilidad para resolver los problemas colombianos. Cada vez que uno oye decir que el narcotráfico es la “gasolina” del conflicto, inmediatamente tiene claro que está delante de una persona que cree que hay un problema entre unas bandas de asesinos que matan soldados y una mayoría que es ajena a eso. ¿Cómo se explica entonces que la Corte Suprema de Justicia proclame en sus sentencias que la guerrilla es el resultado de una sociedad injusta y que en cuanto aspirantes a destruir el orden legal existente se les debe atribuir una intención altruista? ¿Y que la gran prensa siga defendiendo en forma unánime la negociación política que simplemente significa la abolición de la democracia?

Lo de que el narcotráfico es la “gasolina” del conflicto es una de tantas falacias tras las cuales se oculta el verdadero sentido de la pretensión de los universitarios y trabajadores estatales, los dueños de los periódicos y los vividores que siempre pululan alrededor de las camarillas que manejan los recursos públicos: una sociedad sin competencia ni movilidad social en la que los recursos públicos se manejen como se han manejado hasta ahora las empresas públicas.

Valdría la pena pensar en los años sesenta y setenta, antes de la bonanza del narcotráfico, para evaluar lo que ocurría entonces en Colombia. ¿Qué proyectos alentaba la juventud de entonces y qué valores la movían? Las discusiones actuales sobre el delito político y sobre los hechos del Palacio de Justicia permiten ver una realidad que niega por completo la visión de una sociedad destruida por el narcotráfico. Lo que pasa es que al pensar en la realidad de esa sociedad se puede llegar a conclusiones muy opuestas a la opinión predominante.

Si uno piensa por ejemplo en la toma del Palacio de Justicia, ¿qué dirá que pensaron los funcionarios judiciales y los estudiantes de Derecho en esa ocasión? La inmensa mayoría de los segundos estaban imbuidos de la propaganda comunista y apoyaron a los insurgentes que forzaban la destrucción del orden burgués; entre los primeros es indudable que se abrían expectativas de ascenso, no es raro que se impusiera en esa época un sindicato de los más extremistas del muy extremista sindicalismo estatal colombiano.

Si se relacionan esos hechos con la explosión de violencia de esos años se descubre algo que va más allá de la cómoda atribución al narcotráfico del origen de la violencia: por una parte, la deslegitimación de las instituciones se regaba entre la sociedad y justificaba las actitudes complacientes con el crimen, pues si un empresario es un perverso opresor (según una versión extrema de una antiquísima tradición católica) ¿qué es lo que hace que un filántropo como el creador de Medellín sin Tugurios sea peor? Pero eso sólo en la dirección en que la gente próxima al crimen perdía los escrúpulos, mucho más interesante es considerar el efecto de la ideología revolucionaria entre quienes debían perseguirlo: ¿qué incentivos tendrían para hacerlo? Si las leyes son ilegítimas y opresoras y el orden legal debe ser destruido, ¿cuál es la inmoralidad especial que comete el juez venal que colabora con los narcotraficantes? Nadie debe olvidar que muchísimos miembros del M-19 eran estudiantes de Derecho y muchos fueron después jueces y fiscales.

Se podría ir más lejos, ¿qué es lo que llevaba a los estudiantes a abrazar casi unánimemente esa causa? Siguiendo la rutina repetida sin cesar, eran “románticos”, “idealistas”, por eso querían matar a quienes se atravesaran a su ambición y convertirse en dueños de todo. Es la explicación cómoda que uno oye aún de las personas más supuestamente enjundiosas. Cada vez que uno describe el comunismo como el camino rápido, el atajo, para el poder de unos personajes atávicos cuyos valores permanecen ligados al mundo preburgués, se encuentra como profanando algo sagrado, ¿a quién se le ocurre que la expropiación, el asesinato, la autodesignación para cargos vitalicios, la oratoria sanguinaria y demás no son muestras de una humanidad que ya empieza a redimirse, en la que ya empieza a reinar el amor y la filantropía y el altruismo?

Es decir, antes de que unos delincuentes encontraran el atajo rápido hacia la opulencia, las personas de las clases acomodadas, los herederos del poder, habían encontrado el atajo de la violencia y el molde totalitario para alcanzar los puestos que en el sucio mundo de la política encontraban disputados por gentes con menos pedigrí. Y no sólo eso sino incluso sin amargarse la vida estudiando normas y teorías complicadas, pues ¿no es más agradable crear las leyes que entenderlas? La ambición del revolucionario es enorme y su capacidad de trabajo ínfima, de ahí el milagro de alquimia espiritual que pretendía llevar a cabo el economista Ernesto Guevara y su rotunda ineptitud administrativa.

La conducta de la Corte Suprema de Justicia en los últimos meses permite describir una realidad nacional en la que, más allá de los elementos causantes de la delincuencia, el ascenso del crimen sería inevitable. Las personas encargadas de aplicar las leyes sólo piensan en su poder personal más allá de las normas existentes. Contradiciendo a uno de los fundadores del Derecho, Graciano, “juzgan las leyes y no según ellas”. De ahí la obsesión por ir más allá del derecho o la disposición a invocar generalidades para ordenar lo que literalmente les dé la gana a quienes tienen el poder para hacerlo. La revolución sólo es la abolición de las leyes en favor del arbitrio de quienes tienen el poder, de algún modo en Colombia ese fenómeno ocurrió durante esas décadas y se “coronó” con el asesinato de los pocos verdaderos juristas que quedaban en el Palacio de Justicia.

Sería posible extenderse cientos de páginas verificando la extrema afinidad entre esa carta blanca que concedió la Constitución de 1991 a los jueces y la ideología totalitaria, así como la irresistible inclinación de los jueces a justificar el levantamiento armado comunista: ¿qué pasaría si alguien propusiera el retorno a la esclavitud de los negros, no sería un rebelde político? Uno podría contestar que sí, al igual que con cualquier otro disparate, pero para los magistrados, tácitamente en sus sentencias sólo hay el levantamiento altruista para superar el capitalismo. Para conceder poder a los invocadores de derechos.

Pero todo eso, aun en su versión “idealista” de los años sesenta sólo es un elemento atávico, el problema es la incapacidad de la sociedad para mirar atrás y entender lo próxima que está la esclavitud y la equitación humana, lo plenamente vigentes que están las castas de la Colonia en forma de exclusiones raciales y de “estratos socioeconómicos”. La gente ve CSI o Desperate Housewives y se figura que es como los personajes de esos productos televisivos, pero alguien que viva lejos de los colombianos casi percibe de lejos el olor a encomienda y esclavitud y sumisión al capricho de los gamonales. La revolución es resistencia a la expansión del modelo burgués.

Es decir, los garantes del orden y la legalidad son casi unánimemente partidarios de su destrucción, ¿en favor de qué? No hay que dudarlo ni un segundo: en favor de su propio capricho. ¡Pero es que ellos proceden de quienes disponían de todo en las generaciones anteriores, sólo quieren recuperar un dominio que la legalidad burguesa amenaza con quitarles.

Por eso la atribución al narcotráfico del origen de la violencia es, en mi opinión, superficial. Podría no haber narcotráfico y haberse desatado una guerra civil por el poder político, o podrían haberse disparado otros negocios criminales. Y la sociedad podría sufrir ese azote del poder de las mafias y ser diferente: no es lo mismo que unos pistoleros asalten la sede de la institucionalidad para borrar pruebas a que lo hagan los representantes de los futuros juristas. Ni es lo mismo que haya bandas de malhechores corrompiendo a los políticos a que esas bandas en últimas obedezcan a los mismos que crearon el sindicato de jueces.

Puede que la expansión del tráfico de drogas haya determinado el crecimiento acelerado de los indicadores de violencia en los ochenta, lo que pasa es que no podemos saber qué habría ocurrido sin eso. Lo que es una renuncia inadmisible es seguir leyendo las sentencias de las cortes y los escritos de los columnistas y creer que un país sano sufre a causa de un negocio criminal. A mí me resulta un atropello pensar que los carteles de narcotraficantes sean más dañinos y perversos que el temible Cartel de la Tutela.

A fin de cuentas, todos los grandes narcotraficantes están presos o muertos, mientras que los agentes del conflicto social y armado mantienen su poder y lo ensanchan día a día. Nadie debe dudarlo: esos causantes son los doctores. Y la sociedad colombiana no tiene la menor disposición a condenarlos ni a combatirlos.
Publicado en el blog Atrabilioso el 14 de noviembre de 2007

sábado, febrero 14, 2009

El tono ambiguo de Pardo

Si hay algo odioso en este mundo es la difusión de rumores y sospechas sin pruebas, pero la cadena de acciones de la camarilla de César Gaviria a favor de Chávez y sus socios desde las crisis de 2002 en Venezuela deja un hedor insoportable. Ya en su momento se denunció la actitud del tinterillo que llegó a ser secretario general de la OEA a favor de Mico Mandante, episodio sobre el cual los venezolanos podrían contar muchas historias, por no hablar de las denuncias en su día de Mario Vargas Llosa. Más rara es la determinación del ex presidente de combatir al gobierno de Uribe siendo que, para volver a la presidencia, le habría sido muy eficaz convertirse en el protector del actual presidente. Si no hubiera podido impedir la reelección, sería el candidato con más posibilidades en 2010 al agrupar el uribismo y la parte mayoritaria del antiguo Partido Liberal.

Pero lo mismo se podría decir de los personajes más próximos a Gaviria, como Rudolf Hommes, últimamente convertido en valedor de la solución negociada y de las bellezas del PDA. Ya ni en el lenguaje se detecta ninguna diferencia con las FARC: ¡paz con justicia social!, es el objetivo de la negociación que gustaría a este ex ministro.

Es en el contexto de esa extraña variación de esos filántropos donde cabe la aparición de Rafael Pardo Rueda en la prensa matizando la discusión sobre el delito político que tan torpemente llevó a cabo el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo con el presidente del PDA, en una acción más propia de un reality show que de desarrollo de una discusión de profundas implicaciones. Una lectura atenta al artículo aparecido el jueves 1 de noviembre en El Tiempo y firmado por ese ex ministro permitirá entender cuál es el juego de esa camarilla y de qué modo entronca con los designios de Mico Mandante para Colombia.

¿Abolir o no el delito político? Opiniones coyunturales no pueden ser motivos para cambiar la Constitución.

La pelea entre Carlos Gaviria y el Comisionado de Paz por el delito político es muy relevante, tanto por el significado del debate mismo, como por sus efectos prácticos en el tema de la pacificación.

El Gobierno cuestionó la publicación de una columna de Gaviria en un medio de Internet de las Farc, asunto fuera del alcance de este y que hace que el debate se tiña de sospechas por surgir el día siguiente del triunfo del Polo en Bogotá. Pero, más allá de lo anecdótico, es un tema relevante.
En realidad lo que se cuestiona es el silencio de Gaviria y el PDA respecto de la campaña de propaganda que las FARC hicieron en esa página a favor del PDA. Tanto en internet como en muchos municipios, las FARC participaron en la campaña electoral favoreciendo a ese partido: las proclamas se redactan en Escandinavia, los asesinatos se llevan a cabo en los pueblos colombianos. El que publiquen el artículo de Gaviria ahí tiene que ver con la legitimación que buscan y que es el sentido mismo de ese artículo. Por lo demás, llama la atención que lo coyuntural llegue a ser muy relevante.
Empecemos por el contenido del escrito de Gaviria, que es una argumentación histórica y teórica en favor de la aplicación de la condición de delincuente político a quienes se alzan contra el Estado. Discutible, pero respetable. Plantea asuntos sobre los que no hay acuerdo, como el de si un delito con motivación política debe castigarse con penas más leves o más fuertes para quienes cometen los mismos delitos sin esta motivación.
Un examen de ese artículo de Gaviria deja ver lo “respetable” de su argumentación. ¿Qué significa “respetable”? Pardo quiere complacer a los partidarios del PDA que no tienen paciencia para leer el escrito y engañar a los demás. La argumentación es escandalosamente falaz, pero es inevitable que tenga su público en el país en que la revista de los ricos publica un panegírico de un terrorista. De momento es clara la intención de Pardo, y su noción de respetabilidad.
Pero voceros del Gobierno han llevado la discusión al debate de si se justifica o no la rebelión, o si 'paras' y guerrillas merecen el mismo tratamiento.
El que exista en la Constitución el delito político no es una invitación, ni mucho menos una justificación, ni a la rebelión ni al alzamiento contra un gobierno legítimo. El Gobierno usa el sofisma de que, como no hay condiciones para la rebelión, entonces debe quitarse el delito político de la Constitución. Hoy puede ser injustificable la rebelión, dicen sus voceros, pero antes, durante el Frente Nacional, también lo era, digo yo con mucho respeto.
La alusión al Frente Nacional parece destinada a confundir: siempre es injustificable la rebelión contra la democracia. El motivo por el que el delito político debe desaparecer de la Constitución es éste: se trata de una falacia criminal cuyo origen está en la propaganda del fascismo (“violencia caballeresca”) y en su concepción colombiana corresponde al derecho a suponer que un régimen sin urnas puede ser mejor que uno con urnas. ¿Cuál es el sofisma? La palabra encanta a los pensadores que se forman en las universidades colombianas. “Descresta.” Sería muy interesante que alguien buscara la relación entre el concepto de “sofisma” y el razonamiento que Pardo atribuye al gobierno.Por otra parte, si no es una invitación a la rebelión, ¿por qué aparece en la Constitución? Esa presencia del delito político es un permiso para hacerlo, no hace falta que sea una invitación.
Pero, a más de la controversia llamémosla teórica, hay dos asuntos prácticos. Uno es que, de acuerdo con la Constitución, el delito político se puede perdonar por decisión política. Un segundo tema es el alcance de este delito. Es decir, qué conductas se incluyen y cuáles se excluyen de él. Es delito político rebelarse contra el Estado. Pero si para ello se portan armas, se roba un banco, se asesina al portero del banco o a un parroquiano que pasa por la esquina, ¿serán estos delito conexos y, por tanto, susceptibles de ser perdonados?

En las normas se excluyen, desde hace décadas, de la conexidad con el delito político y, en consecuencia, de su eventual perdón, el terrorismo, los delitos atroces y el homicidio fuera de combate. En 1993 se excluyó cualquier tipo de secuestro. En la Convención de Viena, el narcotráfico. En sentencia de la Corte Constitucional de 1997 se excluyó el homicidio. Y en el Tratado de Roma, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por lo tanto, si miembros de grupos rebeldes cometen estos crímenes, no podrán ser amnistiados por ellos. O tampoco lo será un integrante de un grupo rebelde que viola a una menor. El delito político hoy, y no por las condiciones recientes de nuestra democracia, sino por normas sucesivas, tiene un alcance mucho menor que antes. Cada vez menos conductas de los integrantes de grupos rebeldes son susceptibles de ser perdonadas si hubiere paz. Pero de ahí a eliminarlo de la Constitución hay un largo trecho.
La pregunta obvia que surge de esa enumeración es ésta: ¿qué es lo que se puede hacer al rebelarse contra el gobierno para que sólo quede como delito político? Prácticamente todos los delitos que cometen los miembros de los grupos rebeldes son mero resultado de la rebelión. No se consiguen y portan armas para vivir una aventura romántica sino para matar e intimidar. Es que por una parte matar a soldados en combate no es “homicidio” pues ya la aceptación del derecho a rebelarse contemplaba esa posibilidad, y por la otra los dirigentes no serán responsables de nada, pues una cosa es que sean terribles criminales y otra que sean idiotas: los hechos atroces, las violaciones de menores, etc., se atribuirán a los pobladores de regiones miserables a los que se reclutó en la infancia, mientras que los dirigentes quedarán con la honra de haber escogido por altruismo luchar para que la gente viva mejor.

Es decir, podemos preguntarnos por qué le interesa a Pardo hacer presión a favor de la persistencia del delito político en la Constitución. Ya se verá qué intenciones lleva este prócer.
Las opiniones coyunturales no pueden ser las motivaciones para modificar la Constitución. El Gobierno no está obligado a aplicar amnistías o indultos, ni el Congreso a aprobarlas. Si aquel considera que los rebeldes no merecen indulto en las condiciones de la ley actual, pues no debe solicitarlo al Congreso.
Es decir, la posibilidad de que se premie a las FARC y al ELN es lo que se quiere preservar, de modo que cuando la propaganda, el adoctrinamiento en las escuelas, los incentivos de Chávez y los de origen retentivo y la intimidación consigan que el gobierno caiga en manos de los que encuentran respetable a Gaviria, se podrá llevar a la práctica ese noble proyecto sin violentar la Constitución. Pero ¿por qué es defendible el delito político? Eso se da por sobreentendido y es lo único que interesa. Pardo no dice nada en defensa de ese concepto, sólo que está en la Constitución. Es un procedimiento típico en Colombia: las cuestiones morales se hacen depender de textos legales.
Lo que pasa es que el Gobierno, que reclama un necesario debate sobre el alcance del delito político, en lugar de formular una propuesta teóricamente sólida, va andando a la bulla de los cocos. Un día dice que los 'paras' son delincuentes políticos, otro día saca a los peores guerrilleros de la cárcel sin mayor justificación. Un día sostiene que los guerrilleros no pueden ser indultados y ayer dijo que el concierto para delinquir de los 'paras' debe convertirse en delito político para indultarlos.
Si alguien albergara la menor duda de que este personaje obra de mala fe para promoverse como candidato de una mayoría determinada por el PDA en una segunda vuelta en 2010 este párrafo debería despejarla por completo. ¿De qué sirve una propuesta teóricamente sólida si las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se basan en la noción de Derecho Político para anular el derecho a la defensa propia y convertir el proyecto de imponer una tiranía como las que asolaron a medio mundo en el siglo XX en el resultado de una determinación altruista?

Estos personajes tienen mangas muy anchas y siempre sacan las cartas que les convienen: lo que es “histórico y teórico” se vuelve jurídico cuando conviene. ¿Ha sacado el gobierno a los peores guerrilleros sin mayor justificación? El único guerrillero importante que salió fue alias Rodrigo Granda, seguramente por presiones de Sarkozy. La contradicción aparente entre oponerse al delito político y al mismo tiempo reclamarlo en el caso de los paramilitares que se desmovilicen puede llevar a muchos a creer en un doble juego del gobierno. Pero es como si el abogado abolicionista de un esclavo fugitivo presentara ante un tribunal un documento de manumisión. ¿No está legitimando la esclavitud con ese documento? Resulta que si las leyes que imperan son esclavistas la proclama abolicionista no servirá de nada. Tampoco los alegatos contra el delito político surtirán ningún efecto en una Corte que perpetra sus atroces sentencias con base en esa falacia. En eso es claro que Pardo miente, pues el nombramiento de los magistrados no depende del Ejecutivo, que por definición no puede determinar sus sentencias.

El gobierno pretende que se considere sedición la actividad de las AUC, y por tanto que se concedan beneficios penales derivados del “delito político” porque es una forma de cumplir lo negociado con los dirigentes de esa banda que condujo a su desmovilización y a la Ley de Justicia y Paz. Los defensores de las FARC necesitan que los paramilitares sigan activos porque pretenden justificar la actividad de su tropa, por eso pretenden a toda costa un castigo severo para los miembros de las AUC para disuadir a los que no se han entregado de hacerlo, y también a los que en cualquier momento consideren que hay alguna alternativa a dejarse secuestrar y pagar la extorsión.

De modo que en el plano teórico sería deseable que se anulara lo relativo al delito político en la Constitución, pero en el plano jurídico se debería aplicar a todos los que se desmovilicen. Esto naturalmente incluye a los guerrilleros, cuya entrega a la justicia debería ser un clamor nacional, pero ciertamente no es el objetivo del Partido Comunista, ni de su periferia (PDA) ni de quienes pretendían aliarse con ellos para hacer frente a Uribe.

Ése es todo el interés de Pardo en meter baza en la discusión sobre el delito político. No el fin de la guerra a cambio de la impunidad sino la persistencia en busca del premio. Ya sé que la intuición de los incentivos de Chávez es aventurada y requeriría más pruebas, pero ¿qué explicación tiene esa actitud por parte de este señor y de toda esa camarilla? ¿Qué se puede pensar de un artículo como éste, igualmente cauteloso pero al final “respetuoso” de los cambios de Chávez? Al final, cuando se enfrentan dos concepciones sobre el delito político, con mucha cautela y hábil envoltorio, Pardo se pone de lado del amigo del PCC. Es el bando en que está ahora y los colombianos que no quieren el ascenso de los que buscan alentar a las FARC deben tomar nota.

Publicado en el blog Atrabilioso el 7 de noviembre de 2007

lunes, febrero 09, 2009

Víctimas, victimarios y distraídos

Tenemos de los hechos una referencia a partir de nuestros sentidos, de manera que aquello que no nos llega por ellos nos resulta lejano y en general incomprensible. Para una percepción más amplia recurrimos a los medios de comunicación, pero a través de éstos recibimos lo que interesa divulgar a sus dueños y lo que quiere encontrar la mayoría de la audiencia. De ahí que eso que no llega directamente esté mediatizado por esa visión ajena, y la visión sesgada por intereses que no controlamos puede determinar una percepción errónea.

Un ejemplo típico son los asesinatos políticos que ocurren en Colombia. ¿Hasta qué punto interesan a los habitantes de los barrios acomodados de las ciudades? Muy poco. Han sido casi treinta durante este periodo electoral, y han tenido por objeto favorecer las posibilidades del Polo Democrático en diversas regiones. Pero han desaparecido rápido de las noticias y la gente muy pronto los ha olvidado. Ya es tan normal como que haya lluvias copiosas en ciertas regiones, y carece del menor interés. Puede que sea tan normal que hasta las propias víctimas acepten el juego y esperen el momento en que les toque el turno de morir, pues de hecho hay que tener verdadera vocación de héroe para presentarse a cargos públicos en contra del Polo Democrático en las regiones en que ese partido es el eje del clientelismo armado.

Esa práctica inexistencia de esas víctimas es un rasgo colombiano que los colombianos casi no ven, tal como el oriundo de cada región no detecta ninguna musicalidad “especial” en su dejo al hablar, o como el habitante de una ciudad musulmana no echa de menos la presencia de mujeres en la calle. Pero hay que entender que no haya tiempo para preocuparse por esos asesinados, ni por los soldados ni por los policías ni por los pobladores de cada región ni por los ganaderos y finqueros ni por los miles de secuestrados ni por los niños reclutados a la fuerza. ¡Es que al percibir la propaganda negra contra la oposición no queda tiempo para preocuparse de todo eso, que ya se sabe que es el resultado del conflicto, conflicto que el gobierno ni siquiera reconoce y que lejos de intentar resolver agrava escalando el gasto en la guerra y emprendiendo ataques contra la guerrilla!

A algunos les parecerá excesivamente caricaturesco este retrato, pero ¿alguien recuerda un solo artículo en un solo periódico cuyo autor se preocupe por esos compatriotas asesinados? Claro que no, y el hecho de que uno registre que no hay ningún artículo de opinión en que siquiera se mencionen es síntoma de algún trastorno tremendo, pues ¿no es lo más lógico olvidarse por completo de eso? De lo que hay que preocuparse es de que un comentarista de los foros de El Tiempo amenazó por enésima vez a Óscar Collazos, de que a Alfredo Molano le tocó barrer en Barcelona, de que el presidente está acusando a la oposición que trabaja por el premio de las masacres de no ser leal con las víctimas.

Para esa solidaridad sí hay una disposición absoluta en los colombianos. Un artículo aparecido ayer en El Tiempo y firmado por Guillermo González Uribe da cuenta de esa queja dolorida por los señalamientos. ¿Cómo se le ocurre al gobierno poner en peligro a la oposición diciendo que es cómplice de los terroristas? ¿Qué culpa tiene el PDA de que las FARC dediquen su página de internet a hacer propaganda de la campaña electoral de ese partido? ¿Y qué importa que les maten a los competidores en varias regiones? ¿Y que no sólo ese partido sino el espectro amplísimo de las clases altas “instruidas” esté unánimemente por el premio de las masacres y la “Constituyente de paz”, que es aún peor que el premio de las masacres, sencillamente la implantación de la esclavitud a punta de cilindrazos y castraciones?

Lo único que falta es que el gobierno se empiece a ocupar de esos candidatos asesinados, cosa que se podría juzgar como meterse en política.

La historia de los escasos atentados contra personas relevantes relacionadas con el comunismo en Colombia es siempre el resultado de ejecutar políticas de signo opuesto a la de seguridad democrática y al cuestionamiento de todas las falacias que sirven de pretexto a los crímenes. Esos asesinatos prácticamente no han ocurrido durante los cinco años largos de Uribe mientras que fueron muy frecuentes durante el gobierno de Pastrana. También durante gobiernos anteriores, y nunca tenían relación con la denuncia de la clara unidad de objetivos de los grupos comunistas urbanos y las guerrillas, sino casi siempre con la sensación de que esos sectores avanzaban con la práctica benevolencia de los gobiernos.

Ése fue el caso del atentado contra Wilson Borja y de los asesinatos de varios congresistas durante el período del Caguán. Esos crímenes son tan atroces y tan condenables como los de la guerrilla, aunque en comparación su número ha sido insignificante. Lo que pasa es que también son fruto de la acción guerrillera, alentada y justificada por los ideólogos, periodistas y profesores que dirigen la sección urbana y vestida con ropa cara del movimiento revolucionario. Al igual que las bandas criminales que competían con la guerrilla por el control territorial y el narcotráfico, esos crímenes florecen cuando la institucionalidad está destruida, cuando desaparece la noción de derecho y sólo prima la ley del más fuerte.

De modo que la exigencia a los criminales de que desistan de sus actos y de sus pretensiones es a la larga conveniente para todos. El artículo de Guillermo González es sólo, como las consuetudinarias amenazas contra Collazos, un recurso de propaganda que pretende acallar la denuncia sobre el interés manifiesto del PDA en cobrar los secuestros y alentar las masacres. No otra cosa es la exigencia de “solución política negociada del conflicto social y armado” que figura en la declaración política aprobada en un congreso de ese partido el año pasado.

Pero ¿cómo pedir a quienes tanto han prosperado gracias a la lucha armada que se vuelvan partidarios de su fin? El que albergue dudas sobre el papel de la guerrilla en el desarrollo del PDA sólo tiene que indagar en la historia de los sindicatos estatales que sirven de base a ese partido. O en la biografía de los dirigentes que han tenido cargos públicos como intermediarios de paz, sobre todo en los gobiernos de Samper y Pastrana. El Estado colombiano ha gastado muchísimo más dinero en pagar prebendas, viajes, viáticos y demás (como en Maguncia) a esos personajes que en resarcir a las víctimas de las guerrillas.

El problema es de los demás colombianos, que no pueden seguir distraídos pensando que los asesinos están sólo en regiones remotas matando a gente muy distinta a uno. Los verdaderos asesinos son los divulgadores de falacias, como las que se detectan en el citado artículo, según el cual los asesinatos de miembros del Partido Comunista (avatara Unión Patriótica) fueron culpa de quienes denunciaron la relación de esa organización con el Partido Comunista (avatara FARC), ¡como si no lo supiera todo el mundo! ¡Como si los Castaño Gil se la pasaran oyendo conversaciones de personas de las ciudades! el interesado puede buscar una carta de Pablo Escobar donde protesta porque "la oligarquía" dejó que los castaño mataran a esos concejales de pueblo. O falacias como que a las guerrillas hay que quitarles apoyos, como si contaran con otros que los de ellos, sus socios manicurados, o que están "perdiendo el norte", como si alguna vez lo hubieran tenido.

Para formarse una idea de los valores de estas víctimas, tan distintas a los que mueren cada semana por decenas, lo mejor es leer con atención sus palabras (las negritas son mías):
La guerra en Colombia es cada día más cruel e inhumana. La guerrilla pierde en forma creciente su norte social, y su proceder autoritario la ha conducido al asesinato, la destrucción de pueblos enteros, el uso de carros bomba y la realización de atentados indiscriminados que afectan a la población civil, utilizando métodos semejantes a los empleados por quienes combate. La sociedad civil, que quiere negociaciones que conduzcan a una paz con justicia social, es débil, está en medio del fuego cruzado de los actores armados y sufre los ataques de un lado y de otro.
¡Hay que entenderlo, las guerrillas se están pareciendo a los candidatos que pretendían ocupar algún puesto de elección! Y los angelitos que esperan “paz con justicia social” están muy amenazados. ¿Alguien duda de que la guerrilla también quiere paz con justicia social?La sociedad colombiana cometería una gran injusticia comparando a estos personajes con la guerrilla. En la guerrilla hay algo viril y resuelto, no ese repugnante arte de encargar masacres para acceder a ministerios y embajadas vitalicios, que en caso de conseguirse la “paz con justicia social” no ocuparían los pobres rústicos que facilitan el protagonismo de estos miserables.

De hecho, el retroceso de las FARC será insignificante si no se consigue ilegalizar a sus jaleadores y legitimadores, tal como se hizo en España con Batasuna. Los partidos que promueven la negociación de las leyes por encima de las urnas y el premio de los crímenes y no exigen la desmovilización de las bandas de asesinos, deben ser ilegalizados. Pero eso es pedir demasiado a una sociedad que ni siquiera se acuerda de los cientos de miles de muertos que el sueño comunista ha provocado. A una sociedad formada por la clase de ganado que esos criminales pueden someter.

Publicado en el blog Atrabilioso eln 2 de noviembre de 2007.

viernes, febrero 06, 2009

La Corte Suprema de Franela

Publicado en el blog Atrabilioso el 17 de octubre de 2007

Mientras los medios buscan la forma de tapar la evidente culpabilidad del magistrado Velásquez —sobre la cual es muy elocuente el artículo de Rafael Nieto Loaiza—, vale la pena tratar de entender los motivos de la “honorable” Corte Suprema de Justicia por otro camino que las habladurías y las sospechas: comprendiendo lo que dicen en sus sentencias.

Para adelantar una opinión sincera, el hecho de ofrecer beneficios a un malhechor para enlodar al presidente es un hecho banal, peccata minuta. Lo grave es el contenido de los autos de esa corte. Y la desgracia es que son textos tan largos y su lenguaje es tan alambicado que la gente no los lee. De otro modo hace tiempo que habría un tremendo clamor por una reforma del sistema legal, tal vez por otra Constitución que vetara las justificaciones del levantamiento armado y todos los abusos que ha permitido la de 1991 a ciertas instancias judiciales.

En un artículo reciente decía Alfredo Rangel esto acerca de la actitud de la corte respecto al proceso de paz con las AUC:
No hay que olvidar que el proceso de paz con los paramilitares se encuentra en un limbo jurídico precisamente por un fallo de la Corte Suprema. Contra toda evidencia, dicha Corte resolvió que los paramilitares son simplemente delincuentes comunes, no han sido actores protagónicos de nuestro conflicto armado, no se han enfrentado a la guerrilla y tampoco han obstruido violentamente el normal funcionamiento de las instituciones y del régimen legal vigente. Lo primero es negar la historia colombiana de las últimas décadas, lo último le quitaría todo sustento factual a la denominada 'parapolítica', cuyas investigaciones las adelanta la misma Corte y tienen que ver precisamente con las alianzas de políticos y funcionarios del Estado con los paramilitares, para obstruir violentamente los procesos electorales y el funcionamiento de la administración pública. Pero para la Corte solo la guerrilla tiene motivaciones políticas.
No se llega a ninguna parte sin plantearse lo que ocurría antes de ese proceso: mejor dicho, se llega a entender los motivos de la CSJ, que son los mismos de la mayoría de los dueños de los medios y de los columnistas: la exigencia a las Fuerzas Armadas y de policía de combatir con las AUC descuidando la actividad contra la guerrilla porque la guerrilla es relativamente legal. Era algo en lo que insistían un día sí y otro también los editoriales de El Tiempo, Semana, El Espectador, etc. en tiempos del Caguán.

¿Qué otra cosa podría hacer el gobierno que emitir la Ley de Justicia y Paz para favorecer la desmovilización de las AUC? La idea de que se pudiera hacer frente a todas las bandas armadas casa mal con algo que apareció ayer en El Tiempo: un estudio de la Universidad Nacional (increíble, ¿no?), según el cual “El gasto público militar en Colombia está por encima del que la economía podría financiar”.

Es decir, al tiempo que los militares debían concentrar sus energías en combatir a quienes no los atacaban, facilitándoles la tarea a quienes sí los atacan, en cristiano, debían ayudarse a matar, resulta que de todos modos no se debe gastar en la guerra. Hablar de Colombia es referirse a un país de mentirosos: los crímenes son sólo la sombra de esas falacias. Los criminales, los que encargan los crímenes son, sin la menor duda, esos empresarios de medios, intelectuales, profesores... El auto mencionado de la Corte sencillamente pone al gobierno a estafar a las AUC prometiendo beneficios que después no va a poder cumplir porque las cortes decretan otra cosa.

No es en absoluto sorprendente que publiquen esa sentencia en una página tan amiga de la legalidad como Indymedia. No, no hay ningún sarcasmo: es que la sentencia de la CSJ se centra en la vieja falacia de que los crímenes guerrilleros deben quedar impunes porque sus autores pretenden cambiar el orden político, objetivo altruista donde los haya, y que cualquiera que los estorbe usando sus mismos medios es responsable del crimen atroz de concierto para delinquir. Es que el poder que tienen esas cortes en Colombia hace que las guerrillas sean legales. Así de simple. No que tras un proceso de paz vayan a quedar impunes, sino que lo son por la definición misma de las leyes.

Tratándose de un texto larguísimo, sólo copiaré las partes más sabrosas. Ojalá se comprendiera que el evidente complot para calumniar al presidente no es tan grave como eso.

V. La Ley 975 de 2004 no se aplica a delitos políticos
V.1. Razones de orden sustancial sobre la imposibilidad de equiparar el concierto para delinquir con la sedición:

El artículo 71 de la Ley 975 de 2005 materialmente es una norma contraria a la Constitución Política porque asimila indebidamente los delitos comunes con los delitos políticos. Tal presupuesto desconoce no sólo los fundamentos que guían la actuación de ambas clases de delincuentes sino los postulados de la Carta que permiten un trato diferente entre unos y otros.

V.1.1. Fundamentación estrictamente constitucional:

1. Las sociedades democráticas se caracterizan por la búsqueda permanente del consenso social, el cual viene de la mano de postulados tales como la igualdad, la justicia y la libertad, entre otros, cuya materialización compete a todos los poderes públicos. Una sociedad excluyente con graves deficits en el funcionamiento de la democracia, en la que no se respeta la dignidad humana ni los derechos fundamentales, frecuentemente cuenta con la presencia de graves conflictos, que en algunos casos llegan hasta niveles de confrontación violenta.
El texto en negrita explica el origen de las guerrillas: deficits de justicia que llevan a la confrontación violenta.
2. La violencia, fenómeno social que aparentemente está ligado a la existencia de toda sociedad, tiene que ser considerada como delito cuando afecta bienes jurídicos dignos, necesitados y merecedores de protección penal, y dependiendo de diferentes factores, la doctrina ha elaborado una amplia taxonomía sobre las clases de delitos, siendo una de ellas la que establece los comunes y políticos, sin que hasta la fecha aparezca razón alguna, fundamentada en los criterios propios de las ciencias sociales (la dogmática jurídico-penal), que cuestione la validez de tal distinción.
Aquí se alude a un endemismo colombiano: en los países civilizados los juristas opinan de forma unánime que la intención política de los delitos es un agravante. Los hampones estos se erigen en maestros de ciencias sociales para justificar sus desmanes.

3. La Constitución de 1991, siguiendo la usanza de las constituciones decimonónicas, expresamente hace referencia al delito político como una variedad que amerita especial atención.

4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 12 es reiterativa al considerar que

La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria… El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia. Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos.
Es muy interesante la confusión interesada: aquí se dice que los actos propios del narcoterrorismo no pueden encubrirse como delitos políticos, de lo cual cabe inferir que la guerrilla tiene una intención política hasta que transgrede el DIH. Genial. Pero ya veremos cómo después se dice otra cosa.
Admitir tamaño exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia. La Constitución es clara en distinguir el delito político del delito común. Por ello prescribe para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de beneficios como la amnistía o el indulto.
Los párrafos siguientes abundan en esta idea hasta aburrir al más esforzado.
El rebelde responsable de un delito político es un combatiente que hace parte de un grupo que se ha alzado en armas por razones políticas, de tal manera que, así como el derecho internacional confiere inmunidad a los actos de guerra de los soldados en las confrontaciones interestatales, a nivel interno, los hechos punibles cometidos en combate por los rebeldes no son sancionados como tales sino que se subsumen en el delito de rebelión. Y es obvio que así sea, pues es la única forma de conferir un tratamiento punitivo benévolo a los alzados en armas
Es difícil explicar lo podrida que está la sociedad colombiana sin hacer hincapié en la manipulación lingüística: el lector de este párrafo cree que la benevolencia para los alzados en armas es parte del “derecho internacional”, pero en ningún país civilizado se le ocurriría a ningún jurista asociar la acción de una banda de asesinos que pretenden imponer la tiranía con la situación de guerra entre Estados.
Cuando fueron declaradas inexequibles algunas disposiciones del Código Penal de 1980, se precisó que independientemente de tal decisión el delito político subsiste porque los responsables de tales conductas pueden excepcionalmente recibir un tratamiento favorable, pues existe la posibilidad de que el Congreso, en la forma prevista en el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución, por graves motivos de conveniencia pública, conceda la amnistía y el indulto generales por esos delitos políticos. Al Congreso corresponderá, en esa ley extraordinaria, determinar los delitos comunes cometidos en conexión con los estrictamente políticos y que, por lo mismo, pueden quedar cobijados por la amnistía y el indulto. Y cuáles, por su ferocidad, barbarie, por ser delitos de lesa humanidad, no pueden serlo.
Si se piensa en hechos como la masacre de Machuca, ¿dónde empieza a no ser amnistiable el hecho? Sencillamente hay una mano que mece la cuna y un triste brazo ejecutor de niños zarrapastrosos, desdentados y famélicos, que es a quienes se acusará de los actos "feroces y bárbaros". Lo mismo con la de Bojayá: nunca se podrá demostrar que Alfonso Cano o cualquier miembro del Secretariado hayan ordenado tirar cilindros contra la iglesia. Serán amnistiables por levantarse contra el Estado.
5. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha consignado que el delito político tiene ocurrencia cuando se atenta contra el régimen constitucional y legal vigente en búsqueda de un nuevo orden, resultando un imposible jurídico predicar de tales conductas su adecuación al delito de concierto para delinquir.

Siempre que la agrupación alzada en armas contra el régimen constitucional tenga como objetivo instaurar un nuevo orden, sus integrantes serán delincuentes políticos en la medida en que las conductas que realicen tengan relación con su pertenencia al grupo, sin que sea admisible que respecto de una especie de ellas, por estar aparentemente distantes de los fines altruistas que se persiguen, se predique el concierto para delinquir, y con relación a las otras, que se cumplen dentro del cometido propuesto, se afirme la existencia del delito político.
Es decir, si se comete una emboscada y se masacra a una treintena de soldados, acto perfectamente lícito según el CINEP y en absoluto opuesto al DIH, la aparente lejanía de los fines altruistas no debe obstruir la impunidad ni forzar la asociación con el concierto para delinquir. Algo mucho más grave: ¡la máxima autoridad judicial da por sentado que el régimen es mejorable por la violencia a pesar de que el núcleo de los fines altruistas es la anulación del derecho a elegir a los gobernantes!
Dicho en otros términos, si los miembros de un grupo subversivo realizan acciones contra algún sector de la población en desarrollo de directrices erróneas, censurables o distorsionadas, impartidas por sus líderes, los actos atroces que realicen no podrán desdibujar el delito de rebelión, sino que habrán de concurrir con éste en la medida en que tipifiquen ilícitos que, entonces, serán catalogados como delitos comunes.

6. Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político.
7. Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera.
Otra vez se pretende que alguna otra legislación autoriza el asesinato de los agentes estatales. Después sigue una deslegitimación absoluta de la Ley de Justicia y Paz, en la que la CSJ ejerce tranquilamente no sólo de Corte Constitucional sino también de legislativo.

8. De lo dicho se sigue que quienes hayan estado vinculados a los grupos paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, [...]
El motivo directo de ese auto era la situación de un tipo que tenía armas y uniformes de las AUC, pero no había participado en ningún otro crimen, al menos en lo que se juzgaba. Si hubiera matado a decenas de soldados para imponer un régimen como el de Camboya, merecería un premio, ser tratado como héroe. No hay exageración. Es lo que dice la corte.
2. La acción típica del rebelde o sedicioso se encauza a un supuesto fin colectivo de bienestar pues busca derrocar al gobierno legítimo para instaurar uno que cree justo e igualitario o perturbar la operatividad jurídica del régimen vigente; [...]

3. El dolo que se presenta en el delito político se dirige a socavar la institucionalidad proponiendo un nuevo orden o perturbando el existente y promoviendo otro en el que se mejore la dirección de los intereses públicos; [...]

5. La culpabilidad predicable del delincuente político se constata al establecer que conocía la obligación de acatar y respetar las instituciones estatales y decidió participar en su desestabilización buscando su caída; [...]

8. Por sus fines, la calificación de una conducta como delito político descarta que la misma pueda ser señalada como crimen contra la humanidad, genocidio, crimen de guerra, violaciones graves de derechos humanos, reproches que perfectamente pueden haber constituido el motivo que dio origen al concierto para delinquir.

9. El éxito del delincuente político permite erigir un nuevo Estado en el que su comportamiento es exaltado a la categoría de heróico; el cumplimiento de las metas delincuenciales por los concertados no cambia las instituciones pero denota grave impunidad que obliga al Estado a redoblar esfuerzos que impidan a la sociedad aceptar que "el crimen paga".

10. El delito político se presenta en sociedades que tienen altos grados de conflictividad social y tiende a desaparecer en comunidades que logran elevados niveles de consenso; [...]
Nadie debe llamarse a engaño, el pretexto por el que se destruye (o al menos se intenta destruir) la posibilidad de que las AUC se desmovilicen es sólo que no comparten los fines de las guerrillas. Una falacia sirve de cimiento a la otra, y al final el intento de destruir la democracia es heroico mientras que cualquier intento de defenderse de quienes intentan destruir la democracia y de paso secuestrarlo a uno es "concierto para delinquir". Lo que hayan sido o hecho las AUC es otra cuestión, pues lo que dice claramente la sentencia es que la definición del delito político exige haberse levantado contra el Estado. Ese acto lleva de por sí aparejado el calificativo de "altruista":
8. Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta.
La relación con colombianos siempre lleva esa batalla perdida de los argumentos contra los prejuicios. ¿Cuántas veces deberá leer uno ese párrafo para entender que las guerrillas, según la Corte, obran con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo? Tal elemento no está en la definición de sedición, pero es una conclusión ideológica que saca la corte después de decenas de párrafos dedicados a defender a las víctimas... Es decir, a utilizarlas para justificar a las guerrillas e impedir la desmovilización definitiva de las AUC.
Es absolutamente contrario a la Constitución y a los estándares internacionales que las víctimas sean burladas en sus derechos al aceptarse que las bandas de grupos paramilitares actuaron con fines altruistas cuando ejecutaron graves acciones lesivas a los bienes jurídicos penales más importantes.
Está claro: las víctimas de las guerrillas son diferentes debido a los fines altruistas. La última frase de la sentencia es concluyente:
ADVERTIR que contra esta providencia no proceden recursos.